Los incendios forestales se han convertido en los últimos años en un grave problema para Cali, sin que hasta el momento se haya logrado encontrar una solución efectiva que permita detenerlos.

En los últimos tres días la ciudad vivió una nueva emergencia, por cuenta de cinco grandes conflagraciones que afectaron a sectores de la Comuna 1, la Comuna 20, y los corregimientos de La Castilla, Pichindé y La Elvira, entre otros. Los icónicos cerros de Cristo Rey y La Bandera, que en el pasado ya han sido afectados por situaciones de este tipo, volvieron a estar amenazados por las llamas.

Aunque más de un centenar de personas se unieron para tratar de controlarlos -entre funcionarios de la Alcaldía y voluntarios de los Bomberos de Cali, la Cruz, Roja y la Defensa Civil, con el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea-, el resultado de la emergencia es deplorable. Se estima que unas 200 hectáreas fueron consumidas por el fuego, que causó graves afectaciones en la flora y la fauna de los ecosistemas del Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali.

Pero además de ese enorme daño ambiental, la ciudad también queda con una creciente sensación de impotencia ante un problema cuyas causas están claramente determinadas. Los Bomberos de Cali han determinado que el 99% de estos incendios son causados, de forma directa o indirecta, por la mano del hombre.

En este nuevo episodio, así como en muchos otros del pasado, se sospecha que las llamas fueron iniciadas por las manos criminales de promotores de invasiones, que se aprovechan de la necesidad de miles de personas que llegan a la ciudad en busca de nuevas oportunidades.

Pese a que las autoridades intervienen, desalojan e impiden que las invasiones se extiendan, esas mafias vuelven a activarse sin que nadie logre detenerlas. Y, una vez más, regresan para prender fuego en las montañas. Los hechos no se denuncian formalmente, pues en muchos casos quienes se atreven a hacerlo son objeto de amenazas.

Así las cosas, la pregunta de fondo es por qué, hasta ahora, no ha sido posible que las autoridades policiales identifiquen y capturen a los cerebros que están detrás de esta actividad delincuencial.

En septiembre del año pasado los promotores de invasiones cercaron a la ciudad, con más de 12 incendios simultáneos estratégicamente distribuidos. Pero por esos hechos hubo solo dos capturas y los casos judiciales no prosperaron. En uno de ellos, incluso, la persona involucrada alegó padecer demencia y no pasó nada. ¿Por qué no hubo inteligencia policial que lograra detectar a quienes organizaron una operación de esa magnitud?

Es evidente que los anuncios de recompensas que hacen las autoridades, cada vez que las emergencias vuelven a ocurrir, se quedan cortos para enfrentar el problema. El esquema reactivo, que se activa cuando ya el fuego se ha esparcido, no puede seguir siendo la única respuesta del Estado ante este desafío. Es hora de coordinar una acción efectiva para dar con los criminales que arrasan nuestros cerros.