Jamundí no se puede quedar a merced de criminales y bandidos. Por ello es inadmisible que la población de su zona rural, sin duda coaccionada por las amenazas de las organizaciones ilegales que actúan en el sector, impida la labor de las Fuerzas Armadas. El Estado es el responsable de mantener el orden y garantizar la seguridad de todos los colombianos y no puede tener vedado ningún rincón del territorio nacional.

El jueves de la semana pasada el comandante de la Tercera Brigada del Ejército Nacional informó que debió retirar las tropas del sector rural de Jamundí debido a la asonada protagonizada por habitantes de las veredas de San Antonio, La Ampudia y Villa Colombia. Al parecer la presión ejercida en esas poblaciones por la disidencia Jaime Martínez, que opera en la región, las llevó a detener el avance de los soldados.

No es la primera vez que sucede una situación similar. El año anterior en la misma región se presentaron cuatro asonadas, con características semejantes y justo en momentos en que el Ejército perseguía a la organización criminal, por ello es imposible pensar que se trata de hechos aislados. La violencia que padece la vecina ciudad es el resultado de la presencia de grupos armados ilegales que actúan en el norte del Cauca, en algunas poblaciones del Valle y en el mismo Jamundí, que tienen además como epicentro de sus actividades a Cali y están relacionadas con las distintas formas del narcotráfico.

Son el Eln, la Jaime Martínez, las mafias extranjeras de las que se reconoce presencia en el suroccidente colombiano y que controlan los cultivos ilícitos que se extienden cada vez más por la región. Son los mismos grupos que secuestran, mientras extorsionan y cometen masacres, a la vez que siembran muerte e implantan el terror con tal de demostrar su poder, amedrentar a las poblaciones y asegurar la continuidad de sus negocios ilícitos.

Frente a ellos, las Fuerzas Armadas y el Estado en su conjunto no pueden ceder terreno, ni acceder a su presión. Mucho menos se puede dejar abandonadas a las comunidades que reciben el azote de esa criminalidad, como sucede en la zona rural de Jamundí, tomada de nuevo por el crimen organizado.

Tranquiliza que desde el Ministerio de Defensa se garantice la continuidad de las acciones y la presencia del Ejército Nacional y de la Policía en este territorio. Pero a la vez que no se detiene la persecución a los grupos ilegales y a la delincuencia organizada que operan en el sur del Valle, se debe asegurar la protección de las poblaciones afectadas por la situación de orden público y sometidas de manera constante a la presión de las bandas criminales.

Jamundí necesita del acompañamiento decidido de la Nación, de la Fuerza Pública, de la Justicia y de las demás instancias del Estado, en el propósito de detener la violencia que hoy azota a su población. Devolverles la tranquilidad y la confianza a sus habitantes, así como garantizar su seguridad, son obligaciones que no se pueden aplazar.