El récord es vergonzoso: en el Valle del Cauca hay 165 obras inconclusas, en las que se invirtieron $2,9 billones que difícilmente se recuperarán. Fueron proyectos planeados para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que se empezaron y quedaron en veremos, mientras son pocos los implicados que han rendido cuentas ante la Justicia por la responsabilidad que les compete.

El informe presentado por la Contraloría General de la Nación ubica al departamento en el segundo puesto entre los que más ‘elefantes blancos’ tiene y el primero con más recursos comprometidos. En la lista hay 78 obras que se consideran irrecuperables y son las que más suman en inversión, mientras existen otras 87 que van por el mismo camino crítico si no se intervienen de inmediato.

Si bien hay algunos megaproyectos, la mayoría de construcciones que nunca se terminaron corresponden a colegios y escuelas, centros de desarrollo infantil, acueductos, vivienda social, sitios de recreación y vías públicas. Precisamente aquellas obras esenciales para mejorar la vida de las comunidades, brindar mayor cobertura y calidad educativa, así como atender las necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos.

Llama la atención que entre los casos hay un número importante de instituciones educativas que debieron hacerse a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, creado por el Gobierno Nacional en 2015, en el que los entes locales o territoriales aportaban el 30% de los recursos y la Nación el 70% restante.

Solo en el caso de Cali se consignaron $150.000 millones para la intervención de 24 colegios que beneficiarían a 14.780 estudiantes locales, pero al finalizar el 2022 solo se había entregado ocho, otros ocho estaban en proceso y los ocho restantes ni quiera tenían contratistas designados.

La responsabilidad directa de esa debacle que afecta el erario y se convierte en frustración para la sociedad, es sin duda de los alcaldes y gobernadores que ordenaron el gasto, se comprometieron a ejecutar o terminar los proyectos, y al final permitieron que quedaran inconclusos.

También es de los encargados de auditar los procesos, denunciar a tiempo los riesgos y prevenir sobre los incumplimientos. Por igual es de los entes de control que pecan por las demoras en sus investigaciones y por su poca efectividad a la hora de sancionar a quienes se lo merecen o recuperar los recursos públicos.

Una vez conocido el informe de la Contraloría es de esperar que se hagan los juicios de responsabilidad que corresponden; a la vez se debe exigir que las alertas lanzadas sobre aquellas obras que van camino a convertirse en otros paquidermos gigantes, sirvan para evitar que ello suceda.

Además de sancionar a los causantes de lo que no se puede calificar de forma diferente a un desfalco descomunal de las arcas públicas, hay que solicitar a los organismos de control y a la Justicia que realicen las diligencias necesarias para recuperar los recursos perdidos, que salen de los bolsillos de los contribuyentes.

La corrupción, la pésima administración de lo público y la indiferencia estatal no se le pueden seguir atravesando al progreso de los vallecaucanos.