A dos meses de las elecciones regionales, en las que se escogerán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, desde diferentes frentes de la sociedad se alerta sobre los riesgos que afrontan centenares de municipios debido a la violencia y la posible comisión de delitos que atentan contra el ejercicio electoral. Hay que insistir por ello en la obligación de garantizar la seguridad y favorecer la confianza en la que es la cita más importante de la democracia colombiana.

Es usual que por esta época tanto los gobiernos como la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, MOE, adviertan sobre las dificultades o den a conocer los mapas de riesgo con puntos de la geografía nacional donde se pueden presentar dificultades para ejercer los derechos a elegir y ser elegido. Las amenazas de los grupos violentos, hoy con la mayor presencia en años recientes en la mayoría de regiones del país, así como la posibilidad de que se cometan fraudes que afecten la voluntad popular, son reales.

La Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo muestra 399 municipios en riesgo extremo o alto de padecer el acoso y los ataques de grupos al margen de la ley el próximo 29 de octubre o en algún momento de la actual campaña electoral. En el Valle los más expuestos son Buenaventura, Jamundí y Tuluá, tanto en sus zonas urbanas como rurales, donde hay presencia de disidencias de las Farc, del Eln, el clan del Golfo y bandas criminales como los Shottas y los Espartanos o la Oficina de Tuluá.

Las amenazas tienen como fin atemorizar a la población, impedir así la realización de las elecciones o, en algunos casos, obligar a los electores a elegir a sus candidatos. La MOE, por su parte, advierte el incremento, desde 2018, del aumento de la violencia electoral, particularmente en los comicios locales y regionales.

A ello se suman los indicios firmes sobre la concurrencia de los acostumbrados vicios que distorsionan la representación popular, como la compra de votos, el traslado de electores así como los hallazgos sorprendentes en algunas poblaciones donde hay mayor número de votantes que de habitantes censados. Son males endémicos a la política, conocidos con suficiencia y amplitud que no ha sido posible erradicar, no obstante las constantes denuncias o las acciones decididas de las autoridades judiciales o los organismos electorales para perseguir a quienes cometen delitos contra el sufragio y la fe pública.

Para asegurar el buen desarrollo de las elecciones locales y regionales, es preciso garantizar el orden público, labor que cumplen con deber las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Así mismo, le corresponde al Estado en su conjunto, desde las autoridades locales y nacionales, pasando por los organismos de la Justicia, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, asegurar la transparencia para que se salvaguarden la voluntad ciudadana y el Estado de Derecho que son los pilares que sostienen a una democracia en pleno como lo es Colombia.