“El sistema de salud está haciendo aguas en el Valle del Cauca”. La preocupación de María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Departamento, es la misma que hoy tienen siete de cada diez vallecaucanos que se encuentran afiliados a EPS intervenidas por el Estado o que han pedido su liquidación definitiva. Son tres millones de usuarios a los cuales se les debe garantizar la prestación de ese servicio esencial.

Con sorpresa el país recibió el martes anterior el anuncio de que Sura, la tercera Entidad Promotora de Salud más grande a nivel nacional, le solicitaba a la Superintendencia autorización para proceder a su liquidación progresiva. Se trata de una empresa con cinco millones de afiliados, de los cuales 500.000 se encuentran en el Valle, reconocida entre las más eficientes del país. Las pérdidas acumuladas por $360.000 millones entre 2022 y 2023, situación que según sus directivos compromete la sostenibilidad de la entidad, obligaron a replantear su continuidad.

Es la crisis que se vislumbraba de tiempo atrás en el Sistema de Salud colombiano, causada en buena parte por las deudas acarreadas por el sector desde hace años, pero agudizada además por las decisiones del actual Gobierno Nacional, decidido a imponer una reforma a la brava sin importarle que a su paso arrase aquello que funciona y bien.

La situación de Cali y el Valle es la más preocupante del país: siete de las nueve EPS que operan en el departamento, incluidas Sánitas, Nueva EPS, Emsanar, Asmesalud, Famisanar y SOS, las cuales afilian al 70% de su población, están intervenidas por el Estado. Entre las tres que quedan está Sura, hoy con solicitud de liquidación. A ello se suma que las deudas de las Entidades Promotoras de Salud en el Valle ascienden a dos billones de pesos y afectan tanto a la red hospitalaria tanto pública como privada.

Por ello las alarmas se han encendido en la comarca y en su capital. De ahí el llamado de los secretarios de Salud de la Gobernación y de la Alcaldía para que se tenga un plan de contingencia que garantice la atención de los cinco millones de vallecaucanos, la mitad de ellos viviendo en Cali.

Si no se tienen resueltas, con la debida anticipación, las contingencias que pueda causar en la región la posible liquidación de Sura o de alguna de las EPS intervenidas, el caos en la atención de salud y el riesgo en el que se pondrá a la mayoría de los habitantes del departamento serán irrefrenables.

En manos del Gobierno Nacional está la responsabilidad de lo que suceda con el sistema de atención en salud y con quienes se benefician de él, ya sea a través del régimen contributivo o del subsidiado, y que son la mayoría de los ciudadanos. Hay reformas necesarias, pero imponer un cambio del modelo que en general ha funcionado y le permitió a Colombia tener una de las mayores coberturas en el mundo, sería además de inadmisible, rechazado por los colombianos.