El pasado sábado 7 de diciembre, a las 8:40 de la mañana, otra vez una explosión interrumpió la tranquilidad de Jamundí. Y las primeras impresiones de los habitantes de ese municipio del sur del Valle del Cauca fueron: ¿Y ahora dónde fue la explosión? ¿Habrá muchas personas heridas? Ojalá ningún familiar haya estado por ahí...

Se trató de nuevo de una motocicleta bomba, que explotó justo cuando fue requerida por las autoridades en un puesto de control ubicado en la vía que del corregimiento de Potrerito conduce al casco urbano de Jamundí. El hombre que la conducía murió de inmediato y varios policías y civiles resultaron con lesiones de consideración.

En esa localidad, ubicada a solo diez minutos de Cali, ese panorama se volvió común. Este año han sido cuatro las motos que, según las autoridades, integrantes de la disidencia Jaime Martínez de las Farc han explotado en distintos lugares del municipio.

En mayo fue frente a un hotel donde se alojaban policías, un mes después en inmediaciones del Banco de Colombia, ataque que acabó con la vida de Rafael Ángel González, un cuidador de vehículos que se encontraba en la zona. Y, como si fuera poco, el 8 de noviembre pasado la explosión de otra moto sacudió el barrio Jordán, cuando por él circulaba una patrulla.

A pesar de estos hechos, parecen pocas las acciones que se han tomado para evitar que estos vehículos circulen sin control tanto por la zona urbana como por la rural. Es más, los habitantes del municipio dicen estar seguros de que no les pasa nada si se movilizan en una moto que no tiene los documentos al día o si ellos circulan sin casco y violan otras normas de tránsito. Es lo normal, dicen porque no hay control y los operativos son muy esporádicos.

Es claro que las soluciones al problema de violencia que vive Jamundí no están únicamente en las manos de la alcaldesa Paola Castillo y su equipo de Gobierno, pero la Administración local sí pueden implementar acciones que ayuden a mitigar los actos terroristas que este año han padecido sus 124.000 habitantes.

Por ejemplo, hay que tomar medidas urgentes y acelerar los procesos para que por fin el municipio pueda contar con cámaras de seguridad. Es increíble que las únicas que hay son las que los comerciantes instalan a la entrada de sus establecimientos.

De igual forma, desde la Secretaría de Seguridad del Valle del Cauca se deben aumentar los esfuerzos para que los jamundeños estén seguros. Las motocicletas cargadas con explosivos no se pueden volver paisaje en una localidad tan cercana a la capital del departamento y a otros municipios. Como tampoco los policías heridos y los civiles afectados pueden quedar reducidos a una simple estadística que las autoridades citan cuando hablan del auge de la violencia en la región.

Está más que comprobado que solo aumentar el pie de fuerza en el municipio no es la solución para evitar los hechos terroristas que están azotando a Jamundí. Hay que mejorar las labores de inteligencia que permitan salvar vidas y exigir al Gobierno Nacional, que hasta ahora parece más un convidado de piedra, que se apersone de lo que ocurre y ayude, como le corresponde, a buscar soluciones definitivas.