El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación fue uno de los grandes avances de la Constitución de 1991. La Carta Magna también le dio un nuevo rumbo al país en lo referente a la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Y, por otra parte, también generó un marco preciso para buscar la colaboración armónica entre los diferentes componentes del Estado, así como la coordinación entre las autoridades del orden nacional y territorial.

Todos estos preceptos constitucionales, tan claros y precisos, podrían entrar en un escenario indeseable de colisión y polémica por cuenta de una norma que el Gobierno Nacional puso en marcha.

El decreto Atea, como se le conoce por sus siglas (Autonomía Territorial, Económica y Ambiental) da a las comunidades indígenas la facultad de ejercer el ordenamiento ambiental y determinar los mecanismos regulatorios, de gestión y gobierno con fines de preservación, conservación, restauración, protección, cuidado, uso y manejo de los recursos naturales en sus territorios.

El origen de la norma se remonta a un acuerdo que el gobierno del presidente Gustavo Petro suscribió con la Minga Indígena. Su primer beneficiario fue el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, que lo recibió de parte del Ministerio del Interior a finales de agosto.

Pero ese hecho ya generó inquietud y alerta, con justa razón, entre las Corporaciones Autónomas Regionales. Y también en las comunidades afrodescendientes y campesinas del país.

Las CAR consideran que con esta norma se crea una nueva autoridad ambiental que tendría un poder ilimitado sobre lo que los pueblos indígenas denominen territorios ancestrales. Y plantean serias dudas sobre lo que podría pasar con la administración de muchos territorios protegidos, cuando de por medio hay asuntos tan complejos como el otorgamiento de licencias ambientales. Los campesinos y pueblos afros, por su parte, temen que se agudicen mucho más los conflictos territoriales y culturales que hoy ya existen con algunos pueblos indígenas.

Los voceros del Cric, por su parte, defienden el decreto y señalan que el mismo permite el fortalecimiento de la protección de los resguardos y reservas indígenas. Aseguran que las comunidades están preparadas para la adecuada gestión ambiental del territorio y sostienen que dialogarán adecuadamente con las otras etnias y comunidades.

Sin embargo, es evidente que la norma Atea ya ha creado un clima de incertidumbre y desconfianza entre actores muy importantes para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha propuesto el país. Con lo cual resulta apenas lógico cuestionar su pertinencia y efectividad. En momentos en que el país hace reflexiones tan importantes como las que plantea la realización de la cumbre mundial de biodiversidad COP 16, es conveniente que el Gobierno evalúe si, en lugar de una solución, lo que impulsa con esta normatividad es un posible problema. Escuchar los a todos los sectores involucrados debería ser el camino antes de avanzar.