El levantamiento del paro de los transportadores, el pasado viernes, desactivó un conflicto que amenazaba la estabilidad del país, pero agudizó un serio problema económico que puede afectar a todos los colombianos en el mediano plazo.

Y es que el acuerdo alcanzado con los manifestantes dista mucho de ser un verdadero triunfo para el Gobierno, que ahora enfrenta, por cuenta del ‘reversazo’ en la subida del precio del diésel, un panorama fiscal mucho más complejo del que ya tenía.

Los números son claros. En Colombia el galón de diésel se paga por debajo del costo que debería tener. Debería estar en $15.892, pero hoy vale $9.892. Esa diferencia de precios la cubre la Nación con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), y constituye un subsidio para quienes usan ese combustible.

Para empezar a corregir el déficit del Fondo el Gobierno decretó aplicar un alza gradual de $6000 al precio, propuesta que detonó el paro. Pero al verse obligado a negociar acordó que, por ahora, el diésel solo subirá $800 de aquí a diciembre, es decir $5.200 menos de lo previsto.

El resultado es que, del déficit de $11,6 billones que hoy tiene el fondo, con esa pequeña alza del precio el Gobierno solo se ahorrara $600.000 millones. Es decir, el grueso del déficit, $11 billones, se mantiene.

La pregunta crítica ahora es qué hará el Gobierno para tapar ese gigantesco hueco fiscal. Más aún cuando gestiona ante el Congreso un proyecto de presupuesto desfinanciado para el 2025 e impulsa la polémica idea de una nueva reforma tributaria, orientada a recaudar unos $12 billones. Un reto que se vislumbra cada vez más difícil en el actual contexto de polarización política. Y con un sector productivo que, en lugar de más impuestos, reclama medidas urgentes para la reactivación de la economía.

Así las cosas, el presidente Gustavo Petro y su equipo se enfrentan ahora a un panorama muy diferente del que tenían planificado y tienen por delante dos caminos frente a la falta de recursos: recortar el gasto de la Nación o insistir, por nuevas vías, en el aumento del precio del Acpm. Muy seguramente, tendrá que optar por ambas de forma paralela.

El recorte del gasto debería ser, de entrada, la primera estrategia a poner en marcha. Porque en sus dos primeros años de gestión el denominado ‘gobierno del cambio’ se dio el lujo de derrochar recursos, con iniciativas tan desacertadas como el Ministerio de la Igualdad.

Y respecto al segundo asunto, todos los economistas coinciden en que el país debe avanzar en el desmonte del subsidio que se le otorga al diesel, pues lo que está de por medio es la sostenibilidad fiscal del país.

Los transportadores, por ahora, lograron modificar el plan de reajuste del precio. Y las alzas del 2025 estarán sujetas a que se cumplan sus demandas sobre otros problemas que los aquejan. Pero el problema está vivo y el año próximo el país será testigo de nuevas tensiones sociales como las que vivimos. Con el complejo panorama fiscal que hay por delante, aún queda por resolver el segundo tiempo de este conflicto.