Ayer, en su visita a Cali para asistir al consejo de seguridad convocado por la Gobernación del Valle, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aprovechó para visitar los avances de la construcción del llamado búnker de la Fiscalía. 15 años después de anunciada la sede que deberá albergar a los funcionarios del ente investigador en la ciudad, al fin es una realidad que deberá concluirse en los tiempos estimados.
Durante tres lustros, la capital del Valle vio con frustración cómo se hacían anuncios sobre la nueva edificación que remplazaría a la que fue destruida el 1 de septiembre de 2018 por un atentado terrorista. Lo mínimo que se podía esperar luego del ataque aleve, era que de levantar de nuevo un lugar que concentrara los servicios de la Fiscalía y reuniera en un mismo sitio a cientos de empleados de la entidad que terminaron desperdigados por toda la ciudad, no en pocos casos en condiciones deplorables y sin cumplir los requisitos de seguridad que debería cumplir la labor investigativa y judicial del ente acusador.
Desde ese 2008 las promesas de recursos e inversiones llegaron desde Bogotá en múltiples ocasiones y con la misma facilidad se quedaron en palabras vacías. No bastó entonces que la ciudad hiciera su mayor esfuerzo para aportar la parte que le correspondía: el lote donde se levantaría el búnker, ni mucho menos que el proyecto fuera clave para adelantar la renovación urbana del centro de Cali, otro anhelo permanente de los caleños.
El municipio cumplió con su parte al comprar en el año 2010 el terreno de 10 mil metros cuadrados en la Carrera 10 con Calle 13, pleno corazón de la urbe, y se lo entregó en gratuidad a la Fiscalía General de la Nación. Lo que siguió fue un rosario de desilusiones con cada fiscal que pasaba, se comprometía y luego anunciaba que no había presupuesto.
Se le debe reconocer entonces al fiscal Barbosa su empeño para cumplir con lo pactado, así fuera 15 años después, y por conseguir los recursos públicos que terminaron siendo muchos más debido a la poca gestión de sus antecesores. La inversión al final será de $478.000 millones para terminar el edificio de 14 pisos, que albergará a 1400 funcionarios, entre fiscales, investigadores, asistentes y colaboradores de la Fiscalía.
Su inauguración está prevista para mediados del 2025, es decir, 17 años después de ese atentado que acabó con varias cuadras del centro caleño, incluida la antigua sede del ente acusador. Llegados a este punto, con los avances que presenta la obra, y con la ilusión que tiene la ciudad de recibir ese cuartel general, es de esperar que nada, mucho menos la salida de Barbosa el próximo 12 de febrero, cuando termine su periodo en el cargo, frustre esa entrega del búnker.
Además de la importancia que tiene para la principal ciudad del Suroccidente colombiano, contar con una sede digna donde se presten de manera eficiente los servicios.