Es increíble que, luego de terminadas las elecciones regionales, quienes aspiraban a alcanzar un cargo público en la ciudad o el departamento no hayan retirado la publicidad política que sus campañas instalaron.
Han pasado cuatro días desde que se llevaron a cabo los comicios locales y cientos de carteles todavía permanecen en postes, muros y puentes a lo largo y ancho de Cali, incluso en zonas en las que era prohibido ubicarlos.
La norma establece que, en las 48 horas siguientes a realizadas las elecciones, los candidatos, electos o no, están en la obligación de retirar la publicidad política.
Pero, más allá del aspecto legal, es inadmisible que quienes aspiraban a ser elegidos, y debieran ser ejemplo de civismo y sentido de pertenencia por la ciudad, sean quienes la ensucian masivamente.
Esta es una diciente acción, que además deja en evidencia a políticos que son capaces de pasar por encima de la norma ante una cuestión relativamente simple.
Por eso, se espera que el retiro de estos carteles se lleve a cabo cuanto antes. De lo contrario, las autoridades deben aplicar los correctivos que establece la norma, con el rigor que ella exige.
Además de las sanciones que podrán recibir los partidos políticos, que oscilan entre $ 1 millón y $ 40 millones, lo que debe motivar el desmonte de esta publicidad es el amor por Cali y el respeto por sus ciudadanos.
Todos, incluidos los candidatos, deben participar en la construcción de una Cali mejor.