Veintitrés muertos y 90 personas heridas es el saldo trágico de una revuelta carcelaria que pudo evitarse si se hubiera actuado con prontitud.

Conocida la pandemia y los riesgos que ella trae debieron tomarse las medidas necesarias en las cárceles del país, teniendo en cuenta los niveles de hacinamiento que se presentan así como el riesgo de contagio por las visitas.

Lo ocurrido el sábado cuando los presos de 13 penitenciarías se amotinaron e intentaron fugarse, también demuestra cómo la corrupción que maneja el mercado de celulares que abunda en los centros de detención permitió que se crearan redes entre los reclusos y fuera posible para sus promotores coordinar las revueltas.

A raíz de lo sucedido se ha decretado la emergencia carcelaria, que permite afrontar los problemas que puede causar el virus en esos centros de reclusión. 

Mientras tanto el Gobierno Nacional alista un decreto con el cual ordenaría que entre 4000 y 15.000 reclusos, entre ellos los mayores de 65 años y quienes tienen condenas menores de 8 años, sean enviados a sus casas a cumplir la pena mientras pasa la emergencia.

Son decisiones necesarias para enfrentar la crisis, pero debe tenerse en cuenta la situación de los internos que quedarán recluidos en las cárceles, su estado de ánimo y el aislamiento al que serán sometidos para evitar la propagación del virus.

Si no se adoptan medidas en ese sentido, los amotinamientos en las cárceles podrían ser frecuentes y la tragedia peor que la ocurrida el 21 de marzo.