Buenaventura siempre les ha reclamado al Valle y a la Nación por no recibir la atención que merecen sus problemas.

Pero ese abandono, que en la mayoría de ocasiones es real, no puede usarse para tapar el desastre social y moral causados por la corrupción que padece la ciudad.

En lo que parece una costumbre sistemática, la educación pública está de nuevo en la mira de los entes de control por posibles manejos turbios en la contratación.

A la captura de cuatro funcionarios por irregularidades en la adjudicación de un contrato para la conectividad de varias instituciones educativas oficiales, se suman las investigaciones de la Fiscalía por convenios con colegios privados, muchos de garaje, para ampliar los cupos oficiales.

Son 112 contratos por $32.000 millones, firmados entre el 2020 y el 2022, que deberían beneficiar a 39.200 estudiantes y sobre los que recaen serias dudas.

El temor es que se repitan hechos como los que han llevado a la cárcel a alcaldes y servidores públicos de las últimas administraciones, condenados por registrar alumnos que no existen, para quedarse con recursos que deberían solucionar los problemas sociales de Buenaventura.

Las recientes indagaciones ya provocaron la renuncia del Secretario de Educación y se espera que avancen con agilidad para saber si de nuevo se ha realizado algún fraude.

Pero por mucho que la Justicia actúe, la corrupción en Buenaventura no terminará mientras las dependencias públicas se sigan usando como botín electoral y los contratos sirvan para que unos cuantos se enriquezcan.