La extorsión a la que están sometidas decenas de familias en Jamundí desde hace un mes requiere de una respuesta contundente de las autoridades.

El 5 de diciembre pasado, al parecer disidencias de las Farc cerraron la bocatoma del acueducto que abastece a 250 lotes de la Parcelación Reserva de Río Claro, donde viven 51 familias, y dañaron con explosivos un tanque adicional de agua.

Desde entonces, con intimidaciones y hostigamientos exigen a los habitantes el pago de una alta suma de dinero para restablecerles el servicio.

Estas acusaciones se suman a las de comerciantes del municipio que han recibido panfletos extorsivos, por lo que hay temor de que se desencadenen atentados y hechos violentos como los que se presentan desde hace meses en Tuluá, la otra población del Valle afectada por ese delito.

A las autoridades de Jamundí y del Valle hay que pedirles que realicen las investigaciones de rigor y los operativos necesarios para proteger a la comunidad de esas acciones criminales.

También es importante que los afectados realicen ante la Justicia las denuncias pertinentes, para que sus autores sean perseguidos y castigados como lo determina la ley.

El acompañamiento de los organismos de seguridad y de las autoridades en general es fundamental para defender y garantizar la tranquilidad de la población en Jamundí.