Al menos 117 financiadores de las campañas de varios mandatarios elegidos en octubre pasado han sido favorecidos con la contratación estatal hecha en distintas regiones para atender la pandemia.

Así lo reveló la Procuraduría, al asegurar que se están vigilando de manera preventiva convenios adjudicados entre el 16 de marzo y el 25 de mayo por $12.500 millones por las gobernaciones de Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander y Valle, además de la Alcaldía de Bogotá a personas que contribuyeron con $4700 millones a las campañas de los hoy mandatarios territoriales.

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Esa alerta advierte de una situación reiterativa en el nivel nacional, regional y local, tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo, y es el favorecimiento de los aportantes a una aspiración política una vez el candidato resulta electo.

De ahí que desde varios sectores se haga un llamado urgente a repensar la forma de financiamiento de las campañas políticas para evitar esa práctica que atenta contra la transparencia y al menos raya en la ilegalidad.

Para el analista político John Mario González hay al menos tres razones por las que en el país se presenta esa connivencia entre financiadores y beneficiarios de contratos estatales.

“La primera es una especie de subdesarrollo cultural en el que el voto se convierte en una moneda de cambio sin que el ciudadano que incurre en esa práctica piense que, al final, es él el afectado”, explica el experto.

Alude entonces González al delito de la compra de votos el cual no es nuevo en el país, pero que resultó muy evidente en el 2018, cuando se conoció la manera como la hoy prófuga de la Justicia Aida Merlano supuestamente se hizo a los sufragios con los cuales obutvo una curul en el Senado.

Como se sabe, en dicho escándalo también resultaron implicados otros dirigentes políticos que están siendo investigados como la tradicional familia Gerlein, de Barranquilla y quien se perfila como el próximo presidente del Senado Arturo Char, que deberá rendir libre ante la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, la segunda razón que, según González, explica la relación entre la financiación de campañas y el posterior favorecimiento es que los políticos se aprovechan de la pobreza y el desempleo de miles de ciudadanos para ofrecerles dinero a cambio de su voto.

“Cuando eso sucede, es imposible luchar contra el clientelismo, la corrupción y la financiación ilegal de la campañas, toda vez que el sector público es muy atractivo en comparación con las pocas oportunidades que ofrece el privado. En otras palabras, hay demasiada gente esperando encontrar una oportunidad de ingresos en el sector público”, plantea el experto.

Y la última razón que valora González es que “el sistema político colombiano es demasiado atomizado, entonces las rentabilidades de campañas son excesivas, lo que hace muy difícil el control hacia aquellos que las financian para obtener a cambio contratos y otras dádivas”.

Concluye que las iniciativas anticorrupción en el país fracasan porque no atacan los problemas de fondo, “solo los superficiales y se mitifica o se sobreestima lo que podría hacer la ley”.

Por su parte, el también analista Andrés Fandiño afirma que “el sistema político se ha convertido en empresas políticas para dar beneficios a los intereses de un grupo pequeño que usufructa el Estado y tiene a sus representantes en los diferentes órganos de elección popular y en los cargos de libre nombramiento y remoción”.

Resalta, además, que es imperioso que las campañas políticas en el país sean financiadas por el Estado paran hacerlas más transparentes, tal como lo recomendó la misión especial que se integró en el mandato de Juan Manuel Santos con politólogos y otros expertos para sacar adelante una reforma política y electoral de gran calado.

Sin embargo, la iniciativa no avanzó en su discusión en el Congreso, porque coincidió con la llegada de la época electoral y el cambio de Gobierno.

Fandiño agrega que “las campañas en Colombia duran muchísimo tiempo, una campaña al Senado dura entre seis y ocho meses en promedio; la campaña a corporaciones regionales dura entre siete y ocho meses, y la presidencial es casi que igual, porque los precandidatos toman tiempo. Las campañas deben durar de uno a dos meses, como pasa en España, por ejemplo”.

También indica el experto que otra vía para cerrarle el paso a la financiación ilegal de las campañas es acabar el voto preferente y volver a las listas cerradas, “así haya muchos que critiquen y digan que puede salir más caro el remedio que la enfermedad”.

No obstante, dicen los especialistas, las débiles finanzas estatales, la falta de una profunda reforma del sistema electoral y la escasa cultura política de la ciudadanía seguirán favoreciendo la connivencia entre la financiación de las campañas y el posterior favorecimiento a esta por quienes ocupan los cargos de elección popular en el país.