Por Sofía López, reportera de El País
Tras el escándalo generado por la propuesta de Gustavo Petro de convocar una constituyente y las alertas de algunos sectores que entonces dieron por hecho su reelección en la Casa de Nariño, vale la pena preguntarse hasta dónde llega realmente el poder de la figura del Primer Mandatario.
El País consultó a tres analistas para que entregaran su concepto al respecto. Aquí está lo que ellos respondieron:
Carlos Charry, director del Doctorado y la Maestría en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario:
Tradicionalmente se ha considerado a las democracias latinoamericanas como demasiado ‘presidencialistas’. Sin embargo, hay que reconocer que esa idea se ha sustentado en presidentes que han tenido prolongados y, en ocasiones, cuestionables apoyos electorales y de opinión, particularmente de sus respectivos congresos, cuyos miembros han funcionado como intermediarios electorales y burocráticos entre el centro y la periferia. Esto les ha permitido a los mandatarios cambiar la Constitución para reelegirse y atribuirse poderes especiales que solo son admisibles en tiempos de crisis o guerra.
En el caso colombiano, la Constitución del 91 delimita los alcances de la figura del Presidente. En el artículo 189 se establecen más de 25 funciones esenciales de él, que van desde ser el jefe administrativo del Estado y las Fuerzas Armadas, hasta tener la potestad de reorganizar los ministerios y dependencias que garantizan el funcionamiento de la Administración. Es el encargado de mantener el orden público y hasta de expedir patentes.
Pero, además, el Mandatario está amparado -y a la vez vigilado- por el principio constitucional según el cual los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben funcionar de manera armónica para garantizar los derechos de los ciudadanos.
No obstante, lo cierto que esos ‘poderosos’ presidentes de la región son una especie en vía de extinción y se debe a que los actuales mandatarios se han impuesto a espaldas del Poder Legislativo. Por ello, Latinoamérica se ha convertido en el escenario del síndrome del ‘presidente solo’. Esa clase de dirigentes que llegan trepados en la cresta de la ola del descontento y la indignación ciudadana, pero sin un apoyo real o sostenido en el tiempo en sus respectivos congresos.
De allí que presidentes como Javier Milei, en Argentina, tengan que gobernar mediante decretos que la Corte Constitucional termina derogando por improcedentes. O como Gabriel Boric, en Chile, que trató de reformar la vetusta Constitución, pero, al no contar con el apoyo electoral inicial, casi da como resultado la aprobación de una constitución más conservadora y regresiva que la actual, redactada por las mayorías que ganaron y dominaron la Constituyente. Esto por no mencionar episodios más trágicos, como el de Pedro Castillo, en Perú, o Guillermo Lasso, en Ecuador, mientras que el reelecto Nayib Bukele de El Salvador parece el “último mohicano” del vecindario.
Y es por esa compleja configuración de las democracias, que se resume en el llamado ‘equilibrio de poderes’, que se debe dejar atrás la idea de que los presidentes son ‘todopoderosos. Los casos mencionados muestran que su rango de acción es tan limitado, como amplias sus funciones y obligaciones. Y para gustos o disgustos, Colombia no es la excepción.
Jenny Astrid Camelo Zamudio, directora de ¡Yo quiero ser diplomático!:
Desde el día que el presidente Petro instó al pueblo a manifestarse y presionar a la Corte Suprema de Justicia para la elección del Fiscal General generó indignación ver cómo de manera velada se minaba y amenazaba la división de poderes. Esto lo consideré como una ‘ultra bandera roja’ sobre las negras intenciones que tiene este Gobierno.
Gustavo Petro tiene una relación tóxica con ‘Democracia’. Como toda historia de amor, en su época de enamoramiento, cuando necesitó de ella para criticar desde la oposición y llegar al poder, durante su campaña la amparó, acogió y cuidó. Pero ahora, cuando esta se convierte en su mayor opositora, amenazándola con aires de divorcio, decide descalificarla, desvirtuarla y acorralarla, y además la intimida con su nueva amante: la asamblea constituyente.
En medio de la crisis en su relación, las manifestaciones populistas de Petro, así como sus desbordadas declaraciones en X, nos permiten vislumbrar que, fruto de esta relación, Petro se encegueció de celos y no ha entendido que cuando inició con ‘Democracia’, ella le dio una lista de irrenunciables que no está dispuesta a abandonar. Entre esos, le dijo que su relación duraría solamente cuatro años y que ella encarnaba la voluntad del pueblo, por lo cual terminarían el 8 de agosto de 2026.
Solo que ‘Democracia’ no supo medir el riesgo, y su crisis marital se agudizó al punto donde el divorcio se materializó cuando Petro afirmó que estaría solo hasta cuando el pueblo lo decidiera. Ahí, ‘Democracia’ empezó a temer por su seguridad y la de los colombianos, pues Petro estaba desconociendo y negando completamente su existencia, llevando al país a un ‘Democra-cidio’.
Su agresividad, descalificando al Congreso, desvirtuando y atacando de manera reiterada y constante los entes de control que defienden a ‘Democracia’, solo deja entrever la enorme frustración que él está sintiendo ante su total incapacidad de poder materializar sus propuestas y, ante su inconformidad, después de 19 meses de haber sido elegido, decide seguir minando la fragilidad del Estado de Derecho, aumentando la crisis política que estamos atravesando, con su tal asamblea constituyente.
‘Democracia’ solamente espera que Petro recupere los estribos y cumpla su palabra. Y aunque golpeada y maltrecha, desea fervientemente que él decida irse en el 2026 con algo de dignidad, para ser recordado como el primer y tal vez único presidente de izquierda del país que desaprovechó una oportunidad única que le ofrecieron la historia y más de once millones de colombianos.
Jaime Gutiérrez, director de Innopolítica:
Por más de 30 años se ha dialogado y debatido extensamente acerca de lo que es o significa el Estado Social de Derecho en Colombia. Lo cierto es que esta es una valiosa herencia de las primigenias democracias liberales del Siglo XVIII y de las posteriormente consolidadas en el Siglo XIX.
La separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, y el fomento del pluralismo son algunas de sus principales características. Sobre la base de estos principios fundantes de la democracia que nos rige y de la forma de Estado que asume el país, resulta pertinente ponderar las recientes declaraciones e intenciones manifiestas del presidente Gustavo Petro, las cuales apuntan a realizar una asamblea constituyente. Dicho de otra forma, la capacidad para modificar a una escala estructural la arquitectura política y económica nacional.
Empero, las pretensiones del Mandatario no vienen dadas por factores menores. Son el resultado del fallido paso que han presentado sus distintas reformas en una de las más sagradas instancias de nuestra democracia: el Congreso de la República. Reformas, que, por falta de viabilidad técnica, presupuestal e incluso por ausencia de mayorías gubernamentales, no logran imponerse en los debates parlamentarios -sin mencionar los fallos que ha emitido la Corte Constitucional sobre distintos asuntos-.
En esas discusiones tienen cabida y representación las diversas formas de la política nacional y es así como el Congreso de la República es el pleno escenario del ejercicio del pluralismo político.
De modo que, sobre la plataforma de promover un acto reformatorio, el Jefe de Estado debe reconocer que la mera exigencia de votos para la competencia por el poder difiere de manera sustancial a la puesta en marcha de un ejercicio del poder que se enmarque más en los escenarios democráticos en los que fue elegido en franca lid y menos en los elucubrados discursos populares, tan aclamados o aceptados desde el marketing político, y que resultan tan seductores a su base, un electorado muy enérgico y dispuesto a la actuación, pero menos presto a acatar los escenarios que presenta la democracia.
Así las cosas, si la ciudadanía y el Estado mismo se encuentran en una diatriba democrática, impulsada por la intemperancia presidencial, resta esperar que un cambio de esta magnitud no pretenda suprimir lo logrado por el Acto Legislativo 02 de 2015, que prohíbe la reelección del Presidente de la República.
De lo contrario, cualquier parecido con la Venezuela de finales del Siglo XX e inicios del XXI, no será pura coincidencia.