La liberación de los jóvenes de la 'primera línea' ordenada por el presidente de la República, Gustavo Petro en diciembre del año pasado, sigue generando polémica. Esta vez porque el Consejo de Estado aceptó una demanda del representante a la Cámara, Hernán Cadavid, en la que pide detener este decreto. 

Según reveló Semana, Cadavid basó su demanda en dos argumentos, el primero es que la figura de gestores, que se le pretendía dar a estos jóvenes, luego de ser liberados, se usa con miembros al margen de la ley, que tienen un estatus político, como por ejemplo: el ELN. 

“La figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales y tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, subrayó el representante.

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El segundo argumento con el que cuenta la demanda que fue un juez fiscal ante un juez de la República, quien llevó a estos detenidos a la cárcel, por lo que el decreto deberá tener esta circunstancia, pues de ser lo contrario se estaría entrando en un choque con la justicia. 

“No puede Gustavo Petro someter las leyes de la República para cumplirle caprichos personales y compromisos políticos a los sectores que lo ayudaron en las calles, en las movilizaciones y en el llamado estallido social, que terminó siendo una manifestación política a favor del hoy presidente”, precisó el congresista. 

Por lo anterior, el Consejo de Estado, aceptó la demanda considerando lo siguiente:

“Como se observa, la nulidad por inconstitucionalidad procede contra los decretos de carácter general dictados por el Gobierno nacional, cuya revisión no corresponda a la Corte Constitucional en los términos de los artículos 237 y 241 de la Constitución, así como contra los actos de carácter general que por expresa disposición constitucional sean expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno nacional, siempre y cuando tales actos infrinjan directamente la Constitución Política, lo que significa que entre la disposición demandada y el texto constitucional no media una norma legal de la cual dependa el reglamento general objeto del proceso”, se lee en un aparte del documento conocido por Semana.

Ante esto, el congresista del Centro Democrático celebró que el tribunal admitiera esta demanda y manifestó que él lo que buscaba era propender por la división de poderes que, a su juicio, se estaría violando con la decisión del gobierno Petro.

“El Consejo de Estado ha aceptado mi demanda al decreto por medio del cual Gustavo Petro busca libertad a miembros de la llamada ‘Primera Línea’ y con el que además agrede la autonomía de la justicia en Colombia Seguimos dando la lucha en todo frente”, aseguró Hernán Cadavid, demandante.