Al igual que Ernesto Samper tras su primer año, la Presidencia de Gustavo Petro activará el escudo de defensa: la gobernabilidad del proyecto de cambio se verá minada por cuenta de la inacción y la condena ética.
Tras conocer la confesión de Nicolás Petro ratificando los hallazgos de la Fiscalía General según los cuales ingresaron presuntamente recursos ilegales a la campaña presidencial de su padre en 2022, el país político se adentra en una aparatosa crisis.
En las próximas horas no solo se develará qué tanto hay de cierto alrededor de las denuncias asociadas al beneficio obtenido por el entonces candidato y cómo financió el primogénito su opulento gasto personal, sino cómo el país padecerá una ingobernabilidad semejante a la de la segunda mitad de los 90.
Basta un ligero retrovisor al Proceso 8000 para encontrar similitudes entre aquel aire contaminado del gobierno Samper y los huracanes del presente. Desde lo judicial, ¿habrá algo más sobre los dineros sucios en la campaña? ¿De dónde salieron los $15.000 millones de los que habló el cuasi prófugo exembajador en Venezuela? ¿Aparecerá en la ecuación el régimen de Maduro? ¿Quién resta por hablar?
Ante este inminente suceso, reconozco legítima la pretensión del Presidente de que la Corte Suprema nombre un fiscal ad-hoc para investigar a su familia. Aunque actuando en el marco de la ley, el sesgo político de Francisco Barbosa es evidente y proselitista. Por el bien de investidura judicial, estas investigaciones deben adelantarse de manera transparente e imparcial. Empero, luce extraño que, a poco menos de ocho meses para su elección, desde la Casa de Nariño se desvié la atención haciendo pública la terna para Fiscal.
Desde lo político, es de recordar que, como cuando Samper fue investigado por el ingreso de dineros de la mafia a su campaña presidencial de 1994, la inacción será el común denominador. Tal y como viene sucediendo, la renuncia en algunos casos, y apresurada remoción de un buen número de ministros y altos funcionarios, en otros, solo presagian el peor de los mundos de cara a ejecutar la agenda de Gobierno.
¿No habrá previsto el entonces candidato Petro que la corrupción que tanto denunció en su paso por el Congreso se aprestaba a permear su magisterio? O, más bien, comprendió que gobernar en Colombia es un ejercicio de costumbre, de untarse hasta la médula y de hacerse el de las ‘gafas’ con aquellos poderes de facto que engrandecen el Estado fallido.
Habrá imaginado Petro que, no obstante el masivo respaldo en las urnas, la historia de su legado debía escribirse con valores y no con retórica. Con pragmática, concertación y liderazgo, y no con radicalizaciones innecesarias, anteponiendo la transaccionalidad política a la técnica sectorial.
Por desgracia, en Colombia no conocemos la conjugación de verbo renunciar o explicar. Qué flaco favor le hace a la muy imperfecta democracia colombiana que un proyecto político con visos reformistas, que tanta expectativa generó en esa mayoría ciudadana, hoy se torne éticamente inicuo y acomodado a las prácticas propias de un sistema viciado.
Al igual que con el Salto Social de Samper, de cara a 2026 veremos acumulada una frustración social más. Se malgastará la energía y los recursos que bien podrían destinarse a cerrar las brechas en educación, salud e infraestructuras, por cubrir la mecánica política. Al paso que vamos, ni la más genuina esperanza depositada en este Gobierno, podrá acallar las voces que lo condenarán como ilegítimo, como ha ocurrido con la mayoría de gobernantes en nuestra historia republicana.
A propósito de las elecciones de octubre, se abre una nueva edición del popular ‘se les dijo’ o ‘soldado advertido no muere en guerra’. De a quiénes elijamos dependerá que algún día superemos la falta de confianza en las instituciones y en los líderes políticos y, lo mejor, que veamos resultados tangibles.
Por Álvaro Benedetti, consultor, estratega y analista político.