En julio pasado, cuando el petrismo estaba disfrutando aún el triunfo de la presidencia y la consolidación de una gran mayoría en el Congreso, se empezó a hablar que en las sesiones del nuevo Senado y Cámara de Representantes se daría una avalancha de aprobaciones de normas con las que se empezaría a consolidar los cambios prometidos en campaña.
Una de esas voces fue la que dio el hoy presidente del Senado, Roy Barreras, quien aseguró que el Congreso iba a sesionar, si era necesario, de lunes a viernes e incluso el fin de semana, para discutir y aprobar reformas como la tributaria, la política, la pensional, la laboral, entre otras.
Incluso Barreras se atrevió a dar tiempos concretos de cuándo estimaba que iban a ser aprobadas las reformas, como, por ejemplo, finales de septiembre. Aunque los plazos no se le dieron, como esperaba el dignatario del Legislativo, lo cierto es que las cuentas del gobierno en el trámite de las leyes y reformas constitucionales no serán como se esperaba, pero sí alcanzará a que salgan avante las principales.
La demora en el trámite en parte ha sido considerada por miembros de la propia bancada de gobierno como un desorden de los ministros, en especial el del Interior, Alfonso Prada, porque, además, no se han llevado todos los proyectos.
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Esa voz crítica la expresó la representante a la Cámara de la Alianza Verde Catherine Juvinao, quien sostuvo que “falta organización en la agenda, nos van a poner en la última semana de sesiones a votar todos los proyectos sin el tiempo debido, sin los debates profundos, soy la primera en tener confianza en el presidente Petro, pero eso no quiere decir que se afecte de esa manera el trámite legislativo”.
Aunque Prada reconoció que a la agenda le cogió el tiempo, está confiando en que los plazos son más justos para los actos legislativos, aunque en el caso de las leyes sostiene que se pueden salvar con la convocaría al Congreso a sesiones extras, si es necesario.
Así van
El proyecto estrella, como lo ha reconocido el gobierno, empezando por el presidente Gustavo Petro, es la reforma tributaria, que es la que dará el oxígeno financiero para sacar adelante la mayoría de los proyectos de la administración nacional.
El proyecto ya logró un primer y fundamental espaldarazo, su aprobación en las sesiones conjuntas de las comisiones económicas, de donde salió con un recorte, pues ya con la misma no se recogerán 25 billones de pesos sino 21,5 billones.
Su momento definitivo será la próxima semana, cuando las plenarias del Senado y la Cámara ya tiene programada su discusión. Si las mayorías funcionan y no tienen mayor dificultad, el viernes a más tardar estaría aprobado. Previo a la reforma, lo que saldrá primero del Congreso es la ley del Presupuesto General de la Nación para 2023, el cual se ajustó y quedó en 405,6 billones de pesos.
Ley para la paz total
La otra ley que es considera fundamental para el gobierno Petro es la ley de orden público o prórroga de la ley 423, que es con la cual los gobiernos han dado vida a los procesos de paz, para adelantar negociaciones con los grupos armados.
En esta ocasión la prórroga es para darle vida institucional y normativa a la paz total, la estrategia del presidente Gustavo Petro para negociar con la guerrilla del ELN y con los grupos ilegales armados, que ahora en esta ley tendrán la definición de organizaciones criminales de alto impacto.
Sin embargo, la ley para lograr el sometimiento de las organizaciones criminales de alto impacto es un proyecto distinto, el cual aún no sea ha radicado, pese a que el gobierno viene insistiendo en que es una ley fundamental para la paz total.
La reforma de la ley 418 pasará la otra semana a la discusión de las plenarias del Senado y la Cámara, en donde se espera que tenga discusión entre martes y miércoles.
Reformas constitucionales
Pero la agenda legislativa del Gobierno no sólo está conformada por proyectos de ley, también están varios actos legislativos con los que se pretende tener la esperada reforma política y la creación de una nueva corte de justicia transicional.
Por un lado, está la reforma política anticorrupción, la cual por ser un cambio constitucional requiere de ocho debates y en el momento ya alcanzó sus dos primeros en el Senado. En lo aprobado, por ahora, se fijó que en Colombia se tendrá, por un periodo de ocho años, las listas cerradas, con lo cual se acabará el voto preferente.
No prosperó en la misma la implementación del voto obligatorio, el cual no contó el apoyo del Gobierno Nacional y de la mayoría de la coalición mayoritaria.
En lo aprobado está también la paridad de género, la posibilidad de que los congresistas sean ministros y se mantuvo que la financiación de las campañas será preponderantemente estatal.
Para que la reforma siga viva y logre ser realidad a mitad de año de 2023, siempre y cuando sea aprobada en la Cámara en el tercer y cuarto debate, antes del 16 de diciembre.
También avanza la reforma constitucional que crea una Jurisdicción Agraria y Rural en el país, para solucionar en especial conflictos de tierras, fue aprobada en su primer debate por la Comisión Primera de la Cámara.
Al defender la creación de esta instancia judicial, el ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que “este proyecto sí que ayuda a continuar con la política de reforma agraria, de profundización de la solución del conflicto de la tierra en Colombia, están haciendo ustedes un aporte a la historia de Colombia con esta reforma constitucional”.
Un acto legislativo más que acompaña el gobierno es la reforma que permite legalizar el consumo del cannabis, el cual ya pasó su trámite inicial en la Cámara de Representantes, ahora irá al Senado a tener otros debates, antes del cierre de las sesiones ordinarias.