Luego de que se conociera la decisión de que el Gobierno Petro alistaba una intervención a Sanitas, la EPS privada más grande del país con 5,7 millones de afiliados, y se hiciera efectiva en dos sedes de la entidad: Sánitas en la calle 109 con Autopista Norte, en Bogotá, y Sanitas en la calle 100, se desató una fuerte controversia en el país por el futuro de la atención de los pacientes.
Tal como lo había asegurado en meses pasados el Gobierno Petro, el martes se comenzó a hacer efectivo el control a las EPS por parte de los funcionarios de Supersalud, quienes cumpliendo los protocolos de intervención que durará un año, llegaron solicitando acceso de los computadores de ambas entidades.
En la calle 100, particularmente, los funcionarios llegaron hasta el despacho del presidente de la EPS, Juan Pablo Rueda, para notificar que, un interventor nombrado por el Gobierno será quien asuma desde ahora las riendas de Sanitas.
Ahora bien, en medio del operativo, el acceso a los computadores y discos duros de la entidad no fue tarea fácil, pues Sanitas ante el hackeo de sus sistemas recientemente, instaló fuertes controles de seguridad, lo que hizo aún más compleja la tarea.
Así, con dicha intervención a la EPS, la Supersalud toma el control total de la entidad, incluidas sus cuentas bancarias, por lo que desde ya, diversos sectores, entre ellos los usuarios, han comenzado a preguntarse sobre cómo será el servicio que prestará Sanitas a partir de ahora, con el Gobierno al frente de la EPS.
“La Superintendencia Nacional de Salud acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS por un año, esto basado en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desarrollado al interior de la Superintendencia”, dijo el superintendente Luis Carlos Leal.
El ente de control aseguró que la decisión se dio tras evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios. “Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada”, señaló un comunicado de la Superintendencia.
Luego de esa aclaración, el superintendente hizo un llamado a la tranquilidad de los usuarios, aludiendo que las funciones de la entidad seguirán con normalidad. “Es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático; que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud”, dijo Leal.
Cabe decir que, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, según datos presentados con anterioridad, lo que dejaba en riesgo la prestación del servicio tanto a afiliados como a los usuarios de las redes acreedoras.