La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en octavo y último debate la reforma al sistema general de participaciones (SGP) que había presentado el gobierno de Gustavo Petro.
Con un total de 124 votos, más de 11 horas de discusión y ocho debates, se aprobó esta reforma, que según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, permite avanzar a la descentralización del Estado.
“Esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Este es el punto de partida para un gran debate nacional sobre el funcionamiento del Estado y sobre la distribución de competencias y recursos entre el Estado central y los departamentos y municipios”, señaló el ministro.
“Este es solo el inicio del camino, un camino que nos llevará hacia una Colombia donde todas las regiones tengan la oportunidad de crecer y prosperar Gran jornada colegas”, aseguró el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.
Cabe señalar que el SGP es el mecanismo que tiene el Gobierno para transferir a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico.
Sin embargo, varias voces estuvieron en contra de lo aprobado en la Cámara, como lo fue la representante Katherine Miranda, quien señaló que la norma puede costarle al país hasta $263 billones y eventualmente hasta la “quiebra al Estado”.
“¿Sabe cuánto vale esta reforma?, me permito leer lo que me respondió el Ministerio de Hacienda, considerando que las últimas seis reformas tributarias en su primer año han recaudado el promedio de $16 billones (a precios de 2024), se requerirían nueve reformas tributarias de esta magnitud entre 2027 y 2035 para financiar este proyecto legislativo. Esta reforma quiebra al Estado”, señaló la legisladora.
El representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, denunció la eliminación de un artículo clave de la reforma en la ponencia para el último debate, el cual establecía que los recursos solo podrían destinarse a educación, salud y agua potable.
“Es ilegal, el gobernador va a terminar con todo el poder. La plata de los colombianos puede terminar en elefantes blancos”, advirtió Ocampo.
“¡Alerta, Movimiento Estudiantil! En el debate del SGP, el Gobierno quiere que municipios y departamentos paguen 2 años de Educación Superior. ¡Ni siquiera pueden con los colegios y ahora les suman el costo de universidades públicas con un faltante de $23 billones!”, advirtió la representante Jennifer Pedraza.
Mientras que la también representante Carolina Giraldo señaló que la reforma traería potenciales beneficios como más autonomía territorial, recursos para educación, salud y agua potable en cada rincón de Colombia, pero preocupaciones como la sostenibilidad fiscal y la importancia de una buena Ley de Competencias.