Sobre las 3:00 de la tarde de este martes, 24 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso dieron fin al Presupuesto General de la Nación para el 2025, que ascendía a los $ 523 billones, razón por la que el proyecto deberá ser expedido por el presidente Gustavo Petro vía decreto.

El presupuesto se hundió debido a la falta de consenso entre los parlamentarios, en su mayoría los de oposición y el propio gobierno, para encontrar un monto pactado.

Las reacciones no se hicieron esperar ante lo sucedido en esa célula legislativa y fueron varios los que opinaron en favor y en contra de la decisión. Uno de ellos fue el director de Planeación, Alexander López, quien declaró que es un mal mensaje que le da al país, en particular porque los senadores se salieron de la discusión definitiva, “eludieron el debate, eludieron el diálogo”, aseguró.

Sin embargo, otros congresistas más celebraron tal hundimiento y hasta aseguraron que es “una alegría”.

“El presupuesto se cayó porque era irresponsable, anti técnico y cero riguroso”, señaló la representante Katherine Miranda, quien además aplaudió que “el Congreso estuvo a la altura de lo que necesita hoy el país”. A renglón seguido, sostuvo que negando el presupuesto se da por hecho “que vamos a negar la reforma tributaria que le mete la mano al bolsillo de los colombianos”, lo que calificó como “una alegría”.

A esa voz se sumó el senado por el Centro Democrático Miguel Uribe, quien se refirió a la expedición vía decreto y dijo que debía ser sin facultades extraordinarias y con la distribución original, sin embargo, recordó que este está desfinanciado, “lo que llevará a que el gobierno tenga que hacer los recortes necesarios para ajustar los ingresos con los gastos.”

“Salvamos los recursos para la registraduría y se garantiza así las elecciones para el 2026. De la misma manera, se devuelven los recursos para la Registraduría y el CNE, a los que les quitaban más de 577 mil millones de pesos como acto de retaliación por estar investigando la violación de topes electorales de la campaña del presidente”, aseveró Uribe.

Su coequipero Christian Garcés también reaccionó a la decisión e indicó que el Gobierno Nacional esperaba una “ley de financiamiento para exprimir más a las empresas y a las personas naturales, y así seguir gastando en un Estado derrochón”.

El Ejecutivo “quiso imponer un valor que era irresponsable con las finanzas de la nación, no consultaba la realidad del recaudo que podía lograr la Dian, y aumentaba los gastos de funcionamiento sin tener un compromiso con disminuir el gasto como lo pide el pueblo colombiano”, puntualizó Garcés.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, por su parte, confirmó que no se afectarán los recursos para la Registraduría y la organización electoral, que tendrán que ser incluidos en el decreto que expida el presidente. “Esos recursos quedan intactos, porque el Gobierno lo presentó de esa manera, sin el recorte”, dijo.