La elección de la nueva Fiscal General de la Nación quedó aplazada para enero de 2024. Aunque la Sala Plena de la Corte estaba citada para este jueves, 7 de diciembre, no hubo votación porque todos los magistrados no estaban presentes.
La sesión en la que se llevaría a cabo la votación inició hacia las 9:00 a.m. Sin embargo, dos horas después se conoció que la Corte no dio inicio al proceso a la espera de la posesión de un magistrado que hace falta para completar los 23 integrantes de la Sala Plena.
El cronograma fijado cambió por la posesión de Gerardo Barbosa Castillo como nuevo magistrado de la Sala de Casación Penal. En la sesión de hoy se reprogramó la votación para el próximo 25 de enero, por lo que al culminar este año aún no se conocería el nombre de la nueva Fiscal.
Sin embargo, es posible que el cronograma tenga nuevo cambios, teniendo en cuenta que en la primera sesión de 2024 en la Sala se empezaría a debatir la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Según informó la Corte Suprema de Justicia, la decisión de aplazar la elección se dio con el objetivo de que en dicho proceso participen los 23 magistrados que la conforman. “De esta manera los dos nuevos magistrados tendrán la oportunidad de evaluar en forma rigurosa las propuestas y perfiles de las tres candidatas”, informaron.
Durante semanas la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, una de las figuras más importantes en el marco de la rama judicial ha acaparado la atención en el país. La terna presentada por el presidente Gustavo Petro la conforman Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez.
El actual fiscal, Barbosa, seguirá en el cargo hasta el 13 de febrero. Antes de ese momento, una de las tres ternadas por Gustavo Petro será escogida en propiedad. Para que se nombre a una aspirante, deberá recibir el voto favorable de al menos dos terceras partes de la Sala Plena.
Los nombres y las trayectorias de las tres ternadas están en los despachos de la Corte Suprema de Justicia desde septiembre, cuando el Jefe de Estado se reunió con el presidente del alto tribunal, el magistrado Fernando Castillo, para hacer a un lado a la abogada Amparo Cerón e incluir a Luz Camargo en la lista.
Ángela María Buitrago
Ella es profesora, abogada de la Universidad Externado de Colombia. Además es especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en Derecho y Ciencias Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia, Magíster en Derecho Penal y Doctora en Derecho y en Sociología de esta misma Universidad.
Es docente de pregrado y postgrado de la Universidad Externado de Colombia en Derecho Penal. De igual manera, es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal Colombiano, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca. Abogada Litigante. Finalmente, se ha desempeñado como subsecretaria de la comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica y Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Amélia Pérez
Pérez Parra fue jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía e investigó casos insignia de la guerra paramilitar y sus nexos con el Ejército Nacional en los años 90. Ella investigó las masacres de El Aro y Trujillo, los casos de desaparición forzada de Nidia Erika Bautista y Alirio de Jesús Pedraza Becerra. Su despacho fue el que abrió la investigación contra el General retirado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, por la masacre de Mapiripán.
De acuerdo con Indepaz, las investigaciones de Amélia Pérez Parra contra paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, además del alto perfil de los investigados en las Fuerzas Militares, la obligaron a salir del país en 2003 y desde entonces se encuentra exiliada en el país de Canadá.
Luz Adriana Camargo
Luz Adriana Camargo Garzón trabajó junto al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, cuando era magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La nueva ternada también hizo parte del grupo de abogados que acompañó a Velásquez en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
En 2018, intentó ser parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte, la que investiga a congresistas, pero su aspiración fue superada por el antes defensor público César Augusto Reyes, el boyacense que investigó a Álvaro Uribe y hoy es presidente del órgano instructor.