La no conciliación entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería, en el caso de los pasaportes, deja a Álvaro Leyva en una posición dual.
Así lo asegura el analista político Jhon Mario González, quien considera que “en principio, él sigue contando con la confianza del presidente Gustavo Petro, pero queda tremendamente debilitado en cuanto a sus planteamientos jurídicos, frente al Congreso y en relación con la opinión pública”.
Esto porque, como se sabe, tras no llegar a un acuerdo con la única firma que se había postulado para elaborar los pasaportes y declarar desierta la licitación, el Estado quedó expuesto a pagar una indemnización por $ 117 mil millones, suma que exige Thomas Greg & Sons, ayer mismo instauró una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Según ha trascendido, esa empresa espera recibir $ 107 mil millones en razón de la afectación económica que padeció y $ 10 mil millones por el daño reputacional que le habría ocasionado la decisión tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y González y otros analistas insisten en que “esa demanda seguramente será perdida por la Nación en los estrados judiciales, con el enorme detrimento patrimonial que habrá”.
Por ello, el politólogo reitera que en el corto plazo pareciera que Leyva se mantendría en el cargo de canciller “e incluso es muy posible que se comiencen a remover los funcionarios que votaron a favor un acuerdo en el comité de conciliación, pero cada vez le será más costoso políticamente a Petro mantenerlo en el gabinete”.
“Es que pocas veces, y de forma tan publicitada, un comité de conciliación recomienda una conciliación, en contravía de lo propuesto por el jefe de la entidad y con argumentos tan débiles como los expuestos por parte de la Cancillería, la cual se aferra casi exclusivamente a que hubo un solo oferente en la licitación para la elaboración de los pasaportes”, plantea el también abogado.
Más motivos de escándalo
Como se sabe, las diferencias en torno al manejo que debería dársele al caso de los pasaportes motivó la renuncia de Martha Lucía Zamora a la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y esta semana la del abogado Germán Calderón España, quien representaba al fondo rotatorio de la Cancillería colombiana.
De su lado, la Procuraduría General de la Nación le ha reclamado precisiones sobre el tema al Ministerio de Relaciones Exteriores, al señalar que no se cumplió con los requisitos para conciliar, luego de que el comité creado para desatar el nudo gordiano que generó la declaratoria de licitación desierta votara a favor de aceptar un camino extralegal.
Y el contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que no se descartan eventuales sanciones y acciones de responsabilidad y repetición en caso de que un juez acepte la millonaria demanda contra el Estado interpuesta por Thomas Greg & Sons.
“Declarar que el Ministerio no se ajustó a la exigencia legal de remitir inmediatamente el expediente de urgencia manifiesta al organismo que ejerce control fiscal, para que se procediera al control automático de legalidad exigido por la norma legal”, se lee en una resolución de ese organismo de control.