A un debate de que el proyecto de acto legislativo que permite la imposición de cadena perpetua a violadores de niños y niñas pase en el Congreso de la República, sigue abierta la discusión de su conveniencia para el país.
Aunque muchos sectores apoyan la iniciativa como castigo efectivo para este tipo de delincuentes y la consideran además un método disuasorio para que disminuyan estos delitos, otros argumentan que resulta ineficaz, más cuando lo que se debe hacer es fortalecer la justicia para que bajar los altos niveles de impunidad.
El senador liberal Miguel Ángel Pinto, quien es el coordinador ponente del proyecto, afirma que Colombia está lista para la implementación de esta pena, dado que las acciones en contra de un delincuente deben ser proporcionales al daño que causa.
Mientras, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical y quien ha sido uno de los principales opositores del proyecto, afirma que la medida hace mucho más difícil la judicialización de los delincuentes.
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El octavo y último debate de esta iniciativa en el Senado tendrá que ser programado por el presidente de la corporación para la próxima semana y deberá ser discutido antes del 20 de junio, cuando terminen las sesiones ordinarias.
“Que los victimarios piensen dos veces la comisión del delito”: Miguel Ángel Pinto
¿Por qué debe ser aprobado en el Congreso de la República el proyecto que da cadena perpetua a violadores de niños y niñas?
En primer lugar, este es un acto legislativo que envía un mensaje claro a la sociedad de la disposición que tenemos de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes; en segundo lugar, es un mensaje más claro aún a los violadores sobre las penas a las cuales se pueden someter; tercero, porque los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás. Estos delitos atroces que se cometen en nuestro país merecen un rechazo total y un castigo ejemplar proporcional al daño que están ocasionando.
¿Cree que Colombia está lista para que se implemente esa condena?
Creo que la mayor parte de la opinión pública está a favor de este proyecto, son escabrosas las denuncias que todos los días estamos viendo en los medios de comunicación de cómo cómo se usa a nuestros menores sin que haya normas ejemplares para evitarlo.
¿Cree que esta pena puede tener de verdad un efecto disuasorio en la comunidad?
Lo que se ha mostrado en los países que tienen implementada la pena de prisión perpetua ha sido que sí. Es decir, que el temor a no salir nunca de un establecimiento carcelario sí conlleva a que mucha gente se abstenga de cometer este tipo de delitos. Lo mismo sucedió cuando en Colombia se aprobó como delito las relaciones sexuales consentidas con menores de 14 años, antes no era delito cuando había un consentimiento, pero la ley después dijo que sí. Eso llevó a que muchísima gente se abstuviera de tener ese tipo de relaciones porque sabía que le esperaba una condena penal. Estas medidas sí otorgan el mensaje a la sociedad para que denuncien y, además, que los victimarios piensen dos veces la comisión del delito.
También se dice que esta iniciativa no disminuiría estos delitos porque no se está atacando las causas sino las consecuencias, ¿qué opina?
Todas las medidas de derecho penal son para sancionar delitos, es decir, cuando ya se han realizado las actuaciones. Algunos dicen que la justicia penal llega tarde, por supuesto que llega tarde porque es para sancionar hechos ya cometidos. Hay que adelantar una política pública en campañas de prevención, de educación, no solo a los niños sino a toda la familia, que es la base social, y este proyecto incluye eso: la implementación de una política pública que se enfoque en la asistencia social, psicológica, de protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, desarrollar mucho más a fondo nuestra Ley de Infancia y Adolescencia para que se convierta en una política pública del rango constitucional.
Otro argumento en contra de la iniciativa es que en Colombia hay penas suficientemente altas, que para algunos victimarios es equivalente a pasar toda la vida en prisión...
No es cierto que las penas contra los delitos sexuales a menores vayan hasta los 60 años, las penas en Colombia de acceso carnal violento están establecidas en 30 años. En el caso de Rafael Noguera, que fue condenado a 58 años, la condena no fue por el acceso carnal violento, sino por feminicidio y porque existe un concurso de delitos como secuestro, el acceso carnal violento solo fue un agravante de la pena principal.
¿Con una condena como estas no se elimina la posibilidad de la resocialización del victimario?
No porque precisamente se estableció en el proyecto la posibilidad de revisar la condena desde el punto de vista específico de la resocialización de los penados. Esos derechos se conservan para que ellos puedan trabajar los procesos de resocialización y pasados 25 años de la condena se pueda revisar el carácter de resocialización de cada uno para que un juez pueda determinar si modifica la pena, pero desde el punto de vista exclusivo de la resocialización.
Ese es, justamente, otro aspecto que ha despertado críticas, porque se dice que se da la posibilidad de revisar penas, por ejemplo, en casos como el de Garavito o Rafael Uribe, ¿es cierto?
No es cierto porque la revisión solo se aplica para los delitos de prisión perpetua, en Colombia no hay en este momento ningún condenado a prisión perpetua, entonces no aplica para casos como el de Garavito y Uribe Noguera. Segundo, los derechos de los penados se conservan, alguien como Garavito puede acudir a sus jueces de garantías para plantear sus temas de resocialización. Pero esos derechos los tienen ellos, independiente de que se apruebe o no la prisión perpetua, eso no se está vulnerando, pero no es que vayan a salir libres en virtud de este proyecto.
"No se trata de montar una justicia de espectáculo”: Rodrigo Lara
¿Por qué se debería archivar el proyecto que da cadena perpetua a violadores de niños y niñas?
Porque es un proyecto inconveniente e ineficaz. Como lo señalan todos los expertos, no sirve para combatir este delito, por el contrario, hace mucho más difícil que se denuncie y se llegue a una condena en contra de estos. El 83 % de las agresiones sexuales contra menores ocurren en su entorno cercano y, por consiguiente, las relaciones de dependencia o los lazos familiares hacen que sea difícil que estos delitos se denuncien. Si además la consecuencia pasa a ser la cadena perpetua, será más difícil aún. En segundo lugar, los jueces van a exigir muchas más pruebas y requisitos para poder aplicar esa condena. En tercer lugar, el texto está mal construido, resulta que en adelante una agresión sexual a un menor tendrá una pena de cadena perpetua, pero su asesinato seguirá con una condena de 60 años.
¿Usted está más en contra del proyecto o de la cadena perpetua en sí?
Primero estoy en contra del proyecto, porque es un incentivo al asesinato de menores, así de sencillo. En cuanto a la cadena perpetua, es una norma que está por fuera de los preceptos constitucionales. Es obvio que la Corte Constitucional va a declarar inconstitucional este proyecto, entonces no sé qué hacemos perdiendo tiempo haciendo populismo punitivo cuando deberíamos estar dedicándonos a resolver problemas, por ejemplo, de desempleo y pobreza que ha traído esta crisis a más de seis millones de colombianos.
¿Cree que personas como Garavito, que han cometido actos tan atroces, se pueden resocializar?
El problema está en pensar en que todos esos delincuentes son como él. El arquetipo del delincuente sexual contra menores no es Garavito, él es un psicópata, es un caso extremo. La mayoría de casos ocurren en los círculos familiares o en cercanos al menor, es un universo mucho más amplio. Obvio, si uno piensa en Garavito, pensaría que no tiene remedio, pero el asunto es mucho más complejo. Aquí se trata de proteger al menor, no de montar una justicia de espectáculo.
¿Qué hacer entonces para que las víctimas sientan que hay un verdadero castigo para los victimarios?
Aplicar las penas que existen. En 2005 hicimos un aumento considerable de penas. El mismo Fiscal General de la Nación lo dijo: ‘No necesito que me suban penas, necesito que me den más presupuesto y recursos para investigar y sancionar a estos criminales’. Subir las penas es simbólico, es un derecho penal de fachada que solo sirve para ganarse los aplausos de la gente y distraer la atención en estos momentos de profunda crisis económica.
¿Entonces usted considera que las condenas existentes actualmente en Colombia son suficientes?
El problema no es de pena, el problema es de impunidad. Si la impunidad dependiera del aumento de penas, en Colombia no se cometería ni un solo delito. Permanentemente estamos aumentando penas. Está demostrado que el aumento de penas no combate la impunidad, lo que combate la impunidad es la eficacia de la justicia y, en este caso la justicia será mucho más ineficaz porque va a haber menos denuncias y, en segundo lugar, va a ser mucho más difícil condenar a un criminal de estos.
Quienes están a favor de esta medida dicen que se ha demostrado su efecto de disuasión, ¿qué piensa?
Yo no conozco un solo estudio que diga eso, ni uno solo. En la audiencia pública que hubo la semana pasada, donde estuvieron los 45 profesores más reconocidos del país, todos dijeron lo contrario, que no hay ningún estudio que lo demuestre y que los efectos de esta norma serán distintos a los que se buscan.
Todos los expertos están diciendo que esto no va a producir ningún efecto y que, por el contrario, va a ser mucho más difícil la judicialización y la condena de estos monstruos. No hay ningún estudio serio que diga que tienen la razón sobre este proyecto.
Hay quienes dicen que los que están en contra de esta medida es porque consideran que los derechos de los niños no están por encima de los del victimario...
Es una lectura ingenua de la situación, yo quiero que se condene a todos estos criminales, pero lo que están haciendo los promotores de esta reforma es hacer mucho más difícil la judicialización de estos individuos, es al revés. Si se observa este proyecto, este tiene una revisión de la condena de todos los delincuentes sexuales, es decir, al señor Garavito se le va a revisar automáticamente su condena en menos de 25 años. ¿Por qué le traen este tipo de privilegios a delincuentes condenados?