Tras una audiencia de casi cuatro horas, la legalidad de la nueva imputación a Luis Fernando Andrade, a siete de sus subalternos y a un interventor, por un otrosí en el contrato de la Ruta del Sol 3, está en veremos. Se concretará este sábado, 30 de septiembre.
Luego de que el fiscal Florencio Mosquera imputó el 20 de septiembre al expresidente de la ANI, la jueza 21 de garantías, Mary Alexandra Castillo, suspendió la audiencia para que la defensa de las nueve personas señaladas pudiera entender mejor los cargos y, así, junto al Ministerio Público, pudiese pronunciarse al respecto este martes.
Sin embargo, las solicitudes de aclaraciones, que intentaron rebatir casi la totalidad de la imputación, alargaron la diligencia y llevaron a que Mosquera pidiese una nueva suspensión. “No estamos en el caso Odebrecht”, dijo uno de los abogados; “¿la irregularidad de mi defendido fue guardar silencio en una reunión?”, cuestionó otro; “no son claras las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, señaló la abogada de Andrade, y así sucesivamente la bancada de la defensa se pronunció para oponerse a las sindicaciones de la Fiscalía.
La idea principal de los reparos era que el fiscal Mosquera no había determinado concretamente qué acciones derivaron en las irregularidades contractuales de la Ruta del Sol III o en el enriquecimiento ilícito de un particular. Mosquera, al tomar nota luego de casi tres horas de audiencia, le pidió a la jueza Castillo agendar una nueva fecha para responder sus inquietudes.
La togada dedicó más de treinta minutos para decidir, dado que varios de los presentes tenían asuntos personales que atender, como viajes o una boda, además de otras audiencias programadas previamente. En ese sentido, se determinó que el sábado, 30 de septiembre, la Fiscalía tendrá la palabra, para que luego la jueza de garantías decida si la imputación se acogió a los requisitos legales o no y, finalmente, le pregunte a los imputados si se aceptan los cargos leídos por el ente investigador.
La imputación que tiene nuevamente en líos a Andrade
La semana pasada, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade recibió una nueva imputación de la Fiscalía. Esta vez, además de enfrentar un juicio por presuntamente ser parte de un entramado de corrupción en la adjudicación de contratos de la Ruta del Sol 2, que involucra a Odebrecht y al grupo Aval, se le señala por presuntamente participar en la contratación ilícita de un puente en la Ruta del Sol 3.
El fiscal Florencio Mosquera imputó a Andrade, a siete de sus subalternos y a un interventor, ante la jueza 21 de garantías, Mary Alexandra Castillo. El ente acusador les reprocha haber garantizado que se añadiera el otrosí 5 al contrato de concesión 007 de 2010, con el que se sumaba un segundo puente sobre el río Magdalena en la vía Plato (Magdalena) - Zambrano (Bolívar).
De acuerdo con la Fiscalía, ese segundo puente no existía en el objeto original del contrato del tercer tramo de la Ruta del Sol. De hecho, el contrato 007 contenía un anexo que expresamente descartaba su construcción, además de que una interventoría inicial recomendaba no realizarlo debido a que no estaba contemplado en el convenio madre.
En caso de construirse, dijo el fiscal Mosquera, de todos modos Andrade y sus empleados no tuvieron en cuenta que debía adelantarse un nuevo proceso de licitación que contara con al menos tres empresas que ofrecieran sus servicios para desarrollar estudios, planes y diseños. Es decir, según las normas contractuales, un otrosí no era suficiente para añadir un proyecto de ese estilo, pero los exfuncionarios de la ANI, supuestamente teniendo conocimiento de esa inconveniencia, tramitaron el documento.
Andrade y sus subalternos dieron viabilidad al otrosí 5, y la Fiscalía detalló cómo las nueve personas presentes en la audiencia de este martes fueron parte crucial de que se hiciera realidad. El fiscal Mosquera expresó que el aporte de cada uno fue tan importante que el proceso no hubiese podido concretarse sin su visto bueno, algo que fue discutido en la audiencia de hoy porque, aparentemente, no es una imputación precisa.
Poco tiempo antes de otorgar el otrosí 5, la concesionaria Yuma, encargada de la Ruta del Sol 3, contrató a la empresa Consultores Unidos, cuyo representante legal era Eduardo Zambrano, un empresario que, en medio del caso Odebrecht, negoció beneficios jurídicos con la Fiscalía a cambio de aceptar cargos. El ente investigador dice que existía afán por parte de la ANI para que esa unión pudiese ser efectiva.
El relato de la Fiscalía es que ese otrosí fue solo una manera en la que Andrade consolidó un acuerdo que previamente tenía con el exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, quien a su vez había pactado más de ochocientos millones de pesos con Zambrano para “tapar huecos” de la campaña presidencial.
Entre los imputados estuvieron los miembros de un comité extraordinario conformada por Andrade para estudiar al otrosí 5 y la empresa que podría elaborar los planos y diseños del segundo puente, todos los cuales habrían estado enterados de que no se debía adelantar ese proceso:
Germán Córdoba Ordóñez, actual director nacional del partido Cambio Radical y exvicepresidente ejecutivo de la ANI; Juan Gabriel Cisneros, exgerente de proyectos; Clara Margarita Montilla, vicepresidente jurídica encargada; Camilo Andrés Jaramillo, vicepresidente de estructuración; Poldy Osorio, vicepresidenta de planeación, riesgos y entorno; Egna Franco, experta; Andrés Figueredo, vicepresidente de gestión contractual, y Luis Alberto Barajas, representante de la interventoría Consorcio El Sol.
Con información de Colprensa