Después de la firma del preacuerdo entre los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López Martínez y Sneyder Pinilla, y la Fiscalía en el que se comprometen a colaborar con la justicia en el esclarecimiento del desfalco, crecen las expectativas sobre lo que sigue en el proceso judicial y las consecuencias que podrían enfrentar los implicados.
López, quien fue director de la entidad, y Pinilla, exsubdirector, aceptaron su responsabilidad en la malversación de recursos públicos y se comprometieron a aportar información clave sobre los responsables y la estructura de la operación ilícita.
Como parte del preacuerdo, ambos exfuncionarios deberán devolver casi 1400 millones de pesos, además de cumplir una condena de cerca de siete años de prisión. Esta colaboración con la Fiscalía podría ser determinante para conocer la magnitud de los hechos y las posibles conexiones con otros actores involucrados en el desfalco.
Sin embargo, la colaboración de López no tendría la misma relevancia que la de otros posibles testigos, debido a que Pedro Rodríguez, exasesor de la unidad, y Sneyder Pinilla, quienes también están involucrados en el caso, ya tienen acuerdos con la Fiscalía.
Así lo explicó a Colprensa Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, quien comentó que “la información que el señor López Martínez entregó tenía que ver con Pedro Rodríguez y Sneyder Pinilla, y como estas dos personas ya alcanzaron un acuerdo, la información de López no tiene la misma contundencia”.
Un acuerdo “sensato”
Según el abogado, el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y la defensa de los exfuncionarios es bastante sensato, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la necesidad de reparar el daño causado.
En términos legales, el siguiente paso será presentar ese preacuerdo ante un juez, quien tiene la facultad de aprobarlo o rechazarlo. En caso de que el togado apruebe el acuerdo, se procederá a dictar la condena. Pero si es rechazado, el proceso regresaría a la Fiscalía para su revisión.
Suponiendo que el preacuerdo reciba el visto bueno, el proceso judicial de López Martínez estaría prácticamente cerrado; sin embargo, su situación se complica por el hecho de que no servirán como testigos de cargo contra terceros.
“Es importante señalar que López no podrá fungir como testigos de cargo contra otras personas porque las personas relacionadas con él ya resolvieron su situación con la Fiscalía”, agregó el abogado Bernate.
A pesar de la reducción de penas que podrían recibir, el preacuerdo alcanzado por López y Pinilla refleja una disposición por parte de los exfuncionarios para asumir su responsabilidad en los hechos y contribuir a la reparación del daño, lo que podría ser considerado en la decisión del juez.
No obstante, el impacto que esta colaboración tendrá en el caso global del desfalco dependerá de la efectividad de las pruebas que ambos exdirectivos proporcionen y la veracidad de la información que ofrezcan.
Lo que viene para el caso
La Fiscalía ha prometido que, además de las acciones judiciales contra López y Pinilla, continuará con la investigación para determinar si hay otros funcionarios o contratistas involucrados en el desfalco.
Este proceso de colaboración podría abrir la puerta a más revelaciones, aunque la velocidad de los avances dependerá de la confirmación y la aceptación de los acuerdos ante los tribunales.
La próxima audiencia, donde se discutirá la validación del preacuerdo ante el juez, será determinante para conocer el futuro de los exdirectivos y de la investigación.