El trágico episodio de los falsos positivos no deja de ser un tema relevante en el país, especialmente en los últimos días en donde se ha desatado una polémica frente a cuál es la cifra real de víctimas de este acontecimiento.

Precisamente, este viernes, 29 de noviembre, el Centro Democrático arremetió contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asegurando que esta comete graves imprecisiones frente al tema y falta a la verdad.

Según comentó el partido político en un comunicado, la Jurisdicción se equivoca al señalar que hubo una “supuesta política de facto que privilegió el conteo de cuerpos y, por ende, las bajas en la lucha contra el terrorismo, cuando las estadísticas demuestran lo contrario”.

El partido político le lanzó varios dardos a la JEP. | Foto: GUILLERMO TORRES

En ese sentido, resaltaron que del 2002 al 2010 se registraron 53.000 desmovilizados, 36.000 capturados y 13.900 dados de baja en legítimos combates. “No era la muerte del último guerrillero lo que había que hacer para conseguir la paz”, sostuvo el partido.

Por ese motivo, el Centro Democrático aseguró que la JEP intenta legitimar una “supuesta implementación de una política de facto que privilegiaba el conteo de cuerpos, sin siquiera ser capaces de mencionar elementos mínimos”.

Sobre dichos elementos, el partido se refiere a las condiciones de tiempo y modo en las que se implementó dicha política; quién o quiénes son los responsables involucrados en la construcción y ejecución sucesiva de la misma; quiénes tuvieron conocimiento y por qué medios se enteraron de la supuesta política de facto.

“Es un acto irresponsable que lo único que logra es estigmatizar a la Fuerza Pública y sus comandantes”, puntualizó.

El acontecimiento de los falsos positivos continúa siendo un tema de gran relevancia en el país. | Foto: Colprensa-Diego Pineda

El comunicado concluyó señalando que las afirmaciones hechas por la Jurisdicción la “desdibujan” y, contrario a lo que se busca, válida “la propaganda construida por los enemigos y contradictores del Gobierno del expresidente Uribe y su política de seguridad democrática”.

La JEP “se está convirtiendo en un instrumento de venganza política, alejándose de su fin primordial, que es satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, aseveró el oficio.