Este viernes, la Fiscalía citó al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Mauricio Lizcano, para que amplíe las denuncias sobre los presuntos malos manejos de los OCAD-Paz.

Así lo confirmó el fiscal Francisco Barbosa en el marco de un evento de la Corte Suprema de Justicia. “Esto con el propósito de que amplíe las denuncias que realizó la semana pasada y precise contratos, fechas, circunstancias de tiempo modo y lugar de actos de corrupción”.

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El escándalo se destapó luego de que Blu Radio reveló que se habría formado una presunta red de corrupción entre funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría y congresistas para, aparentemente, solicitar coimas a los alcaldes y gobernadores a cambio de aprobar proyectos en el Ocad Paz.

El Ocad Paz hace parte del Sistema General de Regalías (SGR) y se encarga de priorizar y aprobar los proyectos que serán financiados con recursos de regalías en los territorios. “Es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”, explica el Gobierno.

Para que un proyecto tenga el visto bueno del Ocad Paz debe ser aprobado con tres votos: el de un gobernador, de un alcalde y el del consejero nacional para Estabilización y Consolidación en representación del Gobierno que estarían

Para que este sea aprobado en el Ocad Paz, el proyecto debe ser presentado por el mandatario local y tiene que cumplir ciertas especificaciones que serán constatadas por tres figuras: el del sector que lo ejecutará, el de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el del DNP que principalmente ejerce una secretaria técnica.

Según la investigación periodística, solo en el año 2021 las coimas pagadas habrían sido por $500.000 millones, dinero que no habría llegado a los 170 municipios que conforman los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), territorios más afectados y vulnerables del conflicto armado.

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En ese momento, quien estaba liderando los Ocad Paz era el exconsejero Emilio Archila y como secretario técnico estaba Álvaro Ávila. Además, en ese tiempo, también decidían los alcaldes de La Paz (Cesar) Martín Zuleta; y de La Uribe (Meta), Marcelino Chacón; el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón; el contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz; y el entonces gobernador de Arauca, José Facundo Castillo.

Según las denuncias recibidas por Blu Radio de los diferentes alcaldes de los Pdet, para que los proyectos fueran sesionados en el Ocad Paz se pedía tener padrino político y pagar entre 6% y 15% de dádivas.