Nicaragua presentó ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sus argumentos en la disputa con Colombia por la delimitación de su plataforma continental en el mar Caribe más allá de las 200 millas náuticas.

Se trató de la apertura de la fase oral de la controversia, que por determinación de ese tribunal se concentra en discutir apenas dos puntos.

Primero, las partes deben presentar sus argumentos sobre si el derecho de un país costero a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas puede extenderse dentro de las 200 millas de otro Estado.

En segundo lugar, las partes deben discutir los criterios del derecho consuetudinario para delimitar esa plataforma a la luz de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

“Ha sido una discusión bastante técnica, que abordó temas jurídicos específicamente”, aseguró Carlos Argüello, el agente principal de Nicaragua en el proceso, al final de la primera jornada de los alegatos, que terminarán el próximo viernes.

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“En esta audiencia no estamos discutiendo el fondo del caso. La Corte limitó la argumentación a dos preguntas técnicas especificas, sobre la aplicación de un artículo de la Convención sobre el Derecho del mar y la costumbre internacional”, añadió.

Cuando se dirigió a la Corte, Argüello puntualizó que “la posición de Nicaragua es que la plataforma continental, como las áreas marítimas que se superponen entre estados, deben ser delimitadas de acuerdo con el derecho internacional”.

Para el abogado británico Vaughan Lowe, “se mire por dónde se mire, la delimitación de los derechos superpuestos es una cuestión que debe determinar el tribunal”.

De su lado, Carolina Olarte, una de las coagentes colombianas en el proceso, sostuvo ayer: “Hemos escuchado la primera sesión de las rondas orales donde Nicaragua presentó sus primeros argumentos (...) estamos concentrados terminando de preparar y ajustar nuestra presentación que tendrá lugar el día de mañana (hoy) nuevamente en ese mismo escenario”.

Y su par Elizabeth Taylor Jay añadió: “Quiero confirmar que el equipo de trabajo ha venido exhaustivamente preparando nuestros argumentos desde que se emitió la orden de la Corte el pasado 4 de octubre y que el equipo está tranquilo con el trabajo realizado hasta ahora.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, quien también viajó a La Haya, publicó en su cuenta de Twitter que “hoy somos un solo corazón. Nuestros agentes y asesores son de primera. Nos acompaña la razón y el derecho”.

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Discusión técnica

Los letrados nicaragüenses alegaron que los párrafos que conforman el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar, que se concentra en las plataformas continentales, ofrecen cobertura legal a la demanda contra Colombia.

En la parte escrita de este proceso, Bogotá ya alegó que la demanda nicaragüense no tiene fundamento e insistió en que posee plena titularidad sobre el área marítima demandada por ese país centroamericano.

El caso se arrastra, con idas y venidas, desde hace casi una década, y coloca en lados opuestos de la mesa de negociación a ambas naciones en disputa por un área marítima con importante potencial pesquero.

En noviembre de 2012, la CIJ otorgó a Nicaragua un área de 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina.

De esa forma, en la práctica, el fallo dejó a esas islas de soberanía colombiana rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, situación que derivó en otra agria disputa por la presencia de navíos colombianos en la región.

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A raíz del fallo de 2012, el Gobierno de Colombia se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.

En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la Corte para que se exija al Estado colombiano que se abstenga de violar los espacios marítimos.

Y en abril pasado el tribunal internacional dictaminó que Bogotá violó “los derechos soberanos y jurisdiccionales” de Nicaragua y añadió que esa conducta “debe cesar de inmediato”, pero Colombia alegó que su presencia en esas aguas era consecuencia del cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico.