Desde las secretarías de Salud del Valle y de Cali calificaron como un riesgo para el sistema de salud la intervención de la EPS Sanitas y de la Nueva EPS, ya que, con esta decisión, el Gobierno Nacional podrá disponer de la salud de más de 37 millones de colombianos.
“Con esta intervención, el Gobierno tiene en sus manos asegurados millones de colombianos, los cuales pertenecen a las EPS intervenidas. La mitad de la población hoy depende de la Superintendencia de Salud y de los agentes interventores. Estamos conformando un monopolio que tiene riesgos altos”, advirtió María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Vlle.
Es importante mencionar que la Nueva EPS tiene alrededor de once millones de usuarios a nivel nacional, mientras que Sanitas suma cinco millones en todo el país.
En Cali, por ejemplo, hay 316.235 personas que pertenecen a la EPS Sanitas y 269.921 a la Nueva EPS, por lo que la funcionaria comentó que la intervención podría generar un efecto aún peor, porque no soluciona el problema estructural: las finanzas.
“Un riesgo que tiene la intervención es la pérdida de usuarios y el no poder afiliar nuevos, lo que hace más difícil la recuperación financiera. Esos son los inconformismos que, como Secretaria de Salud del Valle, he manifestado. Es imposible salvar una EPS así”, recalcó.
De acuerdo con Lesmes, lo que se necesita es que se haya financiación estatal para poder disminuir las deudas de las Empresas Promotoras de Salud.
“El sistema de salud requiere dinero, requiere ajustar la UPC (Unidad de Pago por Capitación), requiere hacer los pagos de los presupuestos máximos, porque, por ejemplo, a una de las EPS intervenidas le han entregado $ 5000 millones de presupuesto máximo y le deben $80.000 millones. Entonces, se necesita pagar lo que se debe, ajustar las tarifas y crear una reforma donde se corrijan las acciones no santas que tiene el sistema”, añadió la titular de la Salud en el Departamento.
A su turno, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, comentó que este tipo de decisiones generan inquietudes sobre el sistema de salud.
“Es una discusión que, desde lo nacional, tiene que darse. ¿La suficiencia de la UPC está garantizada? ¿El presupuesto para el sistema de salud está garantizado? ¿Qué vamos a hacer en los próximos años con ese número importante de intervenciones que se viene dando sobre el aseguramiento en salud?”, cuestionó el funcionario.
Al respecto, Luciano Calderón, veedor de Salud de Cali, expuso que “estas son intervenciones que no se debieron haber hecho en estos momentos tan cruciales, cuando la reforma está pasando por un tema de archivo. Los usuarios se sienten preocupados”.
¿Qué dicen los gremios?
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) expresó ayer su rechazo ante la decisión del Ejecutivo de intervenir a Sanitas, una de sus agrupadas y criticó que, a pesar de las solicitudes que “desde diferentes actores del sistema hemos hecho al Gobierno Nacional” por medidas frente a la crisis del sector de la salud, se haya tomado esta decisión.
“Expresamos nuestro rechazo por la medida de intervención forzosa para administrar a nuestra afiliada Sanitas EPS”, se lee en el pronunciamiento oficial.
Allí también se indica que En el comunicado, las decisiones de intervención asumidas por la Superintendencia de Salud frente a las EPS no solucionan los problemas estructurales del sistema de salud del país.
“El Gobierno interviene en esta ocasión a Sanitas y hace unos meses a Famisanar, también afiliada al gremio, sin que esto responda ni dé solución a los problemas del sector y amenace sí, con un colapso en la atención de millones de usuarios”, sostuvo Acemi.
“En nada contribuye a la solución estructural del sistema de salud y pone en riesgo a cerca de seis millones de colombianos”, reiteró Ana María Vesga, presidenta ejecutiva del gremio médico, en declaraciones recogidas por el diario El Colombiano.
Acemi también instó al Gobierno Nacional para que “de manera urgente atienda las enormes necesidades que tiene el sistema de salud”.
De igual forma, la entidad advirtió que “las decisiones que se tomen o dejen de tomar en lo que refiere al sistema de salud se reflejan en vidas humanas, son difícilmente reversibles y ocasionan daños a las personas, a las empresas y al bienestar general de la sociedad” colombiana.
De su lado, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que intervenir este tipo de empresas no solo afecta a los pacientes, “sino también la defensa de la propiedad privada que es parte de nuestra Constitución”.
Añadió que las intervenciones son necesarias para garantizar la prestación del servicio de salud a los afiliados, “pero en ningún caso esto significa que se trate de una expropiación o transferencia de la propiedad de las empresas al Estado, sin ningún tipo de compensación o pago por las mismas”.