La directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, quien ha seguido en detalle el avance de la reforma al Código Electoral que cursa trámite en el Congreso de la República, habló sobre lo inconveniente de la eliminación de la Ley de Garantías y otros puntos que, a su parecer, requieren ser más discutidos.

“Los grandes consensos políticos son importantes para sacar normas adelante, pero muchas veces arrancan como trenes y no hacen una medición del impacto que tienen las decisiones que se toman, y en nuestro contexto político y electoral no nos podemos dar ese lujo”, afirma.

El procurador general, Fernando Carrillo, hizo varios reparos a la reforma al Código Electoral, muchos de los cuales la MOE también había señalado...

Desde la Misión de Observación Electoral estamos muy contentos con el pronunciamiento que hace el Procurador, porque, además, lo transmite en el momento que es. Él está poniendo los puntos donde vale la pena que las dos plenarias presten atención, porque varios de los temas que él pone en discusión son temas que tuvieron un álgido debate dentro de las comisiones primeras.

Dijo, entre otras cosas, que el proyecto de ley no se puede calificar de Código Electoral...

Lo primero que hay que señalar es que cuando estamos hablando de un código, no importa si es electoral o penal, los códigos son la compilación de toda la normatividad existente en esa materia.

Nosotros teníamos un código electoral anterior a la Constitución del 91. Después lo que se hizo fue empezar a ajustar, a través de códigos electorales, de leyes, nuestro sistema electoral, que hoy está completamente fragmentado en una cantidad de leyes y no es fácil saber qué deroga qué y qué es lo que está vigente.

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Lo que está diciendo el Procurador es que si se está avanzando en un código electoral, toda la normatividad existente debe poder ser compilada en este para que sea fácil, no solamente su consulta, sino también la comprensión de cómo se organizan los procesos electorales y cómo debe ser la vida de los partidos políticos en un contexto de democracia.

Uno de los puntos más espinosos de esta reforma ha sido la posibilidad de derogar la Ley de Garantías, la MOE alertó sobre la inconveniencia de esto. ¿Cuáles son las principales preocupaciones al respecto?

El Congreso de la República tomó una decisión, que afortunadamente congeló, que fue aprobar la eliminación de unos artículos que buscan proteger que los bienes y servicios del Estado y el erario público sean puestos al servicio de campañas políticas de candidatos o de partidos políticos. El argumento que se utilizó por parte de algunos congresistas era que la Ley de Garantías hacía referencia exclusivamente a la reelección presidencial. Es decir, que si no había reelección presidencial no tenía que existir la Ley de Garantías, y eso no es así porque esta ley contempla normas para diferentes procesos electorales, no solo de reelección, en los que establece límites a la participación en política de funcionarios públicos.

Si se eliminan esas prohibiciones, lo que se hace es abrir la puerta para que funcionarios públicos, de manera activa, puedan favorecer a los candidatos de su preferencia o de su organización política.

Esta discusión sobre la Ley de Garantías ha pausado el debate del resto de la reforma, ¿sí cree que se alcance a discutir en diciembre?

Yo creo que sí, porque todavía se está a tiempo para poder tener los debates. Obviamente, lo que tendría que hacerse en el Congreso es priorizar esta reforma. Va a ser un debate muy interesante y mucho más cuidadoso frente a las normas que están aprobando.

El Código venía con mucha fuerza porque venía de un consenso entre la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y el Gobierno Nacional. Los grandes consensos políticos son importantes para sacar normas adelante, pero muchas veces arrancan como trenes y no hacen una medición del impacto que tienen las decisiones que se toman, y en nuestro contexto político y electoral no podemos darnos ese lujo.

La MOE también se ha mostrado en desacuerdo con permitir coaliciones entre partidos y grupos significativos de ciudadanos, ¿por qué?

La figura de grupo significativo de ciudadanos es fundamental para la democracia porque es la aceptación de que hay personas o grupos de ciudadanos que no están de acuerdo con los partidos políticos que los están representando. Pero lo que hemos visto es que muchos terminan en una coalición con una organización política. Si el discurso inicial es: ‘los partidos políticos no me representan’, cómo es posible que se puedan presentar en coalición.

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Nuestra recomendación es que los grupos significativos de ciudadanos deben poder hacer coalición entre ellos, pero con las organizaciones políticas ese discurso se cae de su peso porque entra en contradicción con el espíritu mismo de lo que era la figura del grupo significativo de ciudadanos como opción alternativa.

¿El tema de la participación de las mujeres en la conformación de listas le convence?

Es un avance, pero es una victoria menor. Nuestra Constitución dice, y así lo han reiterado diferentes leyes electorales, que tenemos que avanzar hacia la paridad, la alternancia y la universalidad. El Código avanza hacia la paridad, pero no le incluyen la alternancia, eso significa que cuando se hace la conformación de las listas, las mujeres pueden quedar perfectamente después de los primeros renglones, que son generalmente los que tienes más opciones de ser conocidos por los ciudadanos.

¿Qué puntos encuentra positivos en el proyecto de reforma?

Tiene muchísimos. Esta reforma es muy generosa en los principios democráticos establecidos en la Constitución de 1991. Estamos hablando de alrededor de 24 principios democráticos, y eso es fundamental porque esto es lo que te permite la interpretación de la ley. Se hacen avances muy importantes sobre el principio de participación, el principio de control político, el deber y el derecho que tienen los ciudadanos de hacer control político. Se busca facilitar la participación de personas en situación de discapacidad; en lo que tiene que ver con comunidades indígenas, la ampliación a que toda la información pueda ser presentada en las diferentes lenguas ancestrales es muy importante. Así también se logran otros avances que van a ser absolutamente interesantes.

La MOE acaba de publicar un informe sobre la violencia contra lideresas, ¿cuáles son las principales víctimas?

Nosotros llevamos 96 hechos de violencia contra lideresas sociales, políticas y comunales en lo corrido de este año. De manera particular, se está concentrando esta violencia contra las lideresas sociales y ese es un tema que es muy importante tener en cuenta. Nos encontramos que casi la mitad de los hechos letales ocurren en los territorios Pdets, eso significa que en estas regiones, donde las mujeres han tomado la decisión de ayudar a reconstruir el tejido social a través de liderazgos sociales, en muchos casos relacionados con los temas de restitución de tierras, están siendo asesinadas de manera particular.