Cuando Gustavo Petro se alzó como nuevo presidente de la República, uno de los proyectos de los que más hizo alarde fue el de la creación del Ministerio de la Igualdad para la no vulneración de derechos, especialmente de las mujeres, pero a casi dos años del inicio del periodo, esta cartera emana más dudas que certezas.
Una gran cantidad de cuestionamientos han empezado a salir a la luz en las últimas semanas, alegando que este organismo, que dirige la vicepresidenta Francia Márquez, registra una pobrísima ejecución presupuestal, lo que a su vez incide en que no se vea el desarrollo de proyectos propios de la entidad.
Asimismo, si a esto se suma que en las dos semanas más recientes renunciaron dos viceministras, Luz María Múnera en Poblaciones y Territorios, y Diana Gómez en Mujeres, la incertidumbre es mucho mayor, dado que solo dos de los cinco viceministerios tienen líderes en este momento.
Todo esto parece explicar el hecho de que la ejecución presupuestal de la entidad este año, cuando ya se está por completar el cuarto mes de la vigencia, solo llega al 0,24 %, de acuerdo con unos datos revelados por El Tiempo.
Asimismo, se indicó que el 61 % de los recursos que han sido utilizados hasta el momento fueron para el pago de salarios de los funcionarios de la entidad, es decir, $ 2596 millones de los $ 4216 millones totales que hasta ahora se han gastado. Esto sin mencionar que, además, la entidad pareciera estar trabajando ‘con las uñas’.
Lo anterior debido a que, según las revelaciones hechas a un derecho de petición que presentó el senador Carlos Fernando Motoa, que ha sido muy crítico al respecto, hasta la fecha solo se han contratado 129 funcionarios para ese Ministerio, a pesar de que cuando se creó la cartera, la Nación le habilitó para contratar 744 cargos desde junio del año pasado, pero en este tema solo se ha avanzado en cerca del 17 %.
De los recursos hasta ahora invertidos, a Motoa también le respondieron que el 39 % restante no ha ido para el inicio de la ejecución de los proyectos insignia de la entidad, como la política para la erradicación del racismo y la pobreza extrema, el sistema de monitoreo de la violencia de género, el sistema del cuidado, entre otros.
Por el contrario, esto se ha destinado para el pago de la sede física de la entidad en Bogotá, la compra de equipos, proyectores, software y la línea 155. En la carta enviada al congresista, el Ministerio asegura que para esos programas ya tiene un 100 % en el tema de transferencias al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.
Pero según indicó la mencionada rotativa, esto solo significaría que los recursos ya están en una fiducia, listos para su utilización, lo cual, una vez más, aún no ha ocurrido y no se ve cuándo pueda suceder.
Al parecer, el Ministerio de la Igualdad se excusó en que no es lo mismo empezar con una entidad desde cero a simplemente tomar una transformada. Indicaron que les ha tocado crear el perfil del organismo en el sistema SIIFF, hacer la solicitud del RIT, esperar en 2023 a una adición al presupuesto de la Nación para tener recursos, entre otros eventos que han hecho tardío el avance de la ejecución.
“No se transformó ninguna entidad existente, o se hizo fusión, escisión o alguna otra figura administrativa que convirtiera una entidad, con presupuesto, infraestructura, funcionarios, planes, programas y proyectos ya existentes. (...) La sola asignación de los recursos del Presupuesto General de la Nación no permitió la ejecución inmediata, pues este ministerio requirió la reglamentación del artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo que creó el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y que se reglamentó en noviembre de 2023 con el Decreto 1896 de 2023″, mencionó la entidad para justificar la situación.
Aun así, esto no ha disipado la preocupación en la ciudadanía, dirigentes políticos de otros partidos, congresistas y hasta los entes de control, algunos de los cuales empiezan a temer que este Ministerio no logre su finalidad en los próximos meses o años y haya significado un gasto público irrecuperable.