Cualquier proyecto de ley enfocado a que no haya justicia en el país, sea en la justicia ordinaria o en la JEP, podría generar la reapertura del examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) cerrado el 28 de octubre por el fiscal Karim Khan.

Así lo reconoció Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, quien respondió al supuesto incumplimiento de recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tras el Paro Nacional y sobre las demandas que contra el Estado presentaron las firmas Odebrecht y Centros Poblados.

¿Qué significado tiene que la CPI archive el examen preliminar a Colombia y no abra una investigación formal como a Venezuela?
Creo que es de la mayor importancia, porque significa un voto de confianza total en las instituciones de nuestro país. Colombia tiene instituciones, sobre todo en la justicia, que son sólidas, tenemos un sistema de justicia ordinaria que ha venido mejorando, con muchos problemas aún, pero con resultados a nivel de jueces penales y Fiscalía, como de la Corte Suprema. Además, tenemos un sistema de justicia transicional que mostró resultados con Justicia y Paz y está la JEP, con un avance importante y esperanza de que produzca investigación, juzgamiento, sanción, reparación y no repetición.

¿Es cierto que sin la JEP no se habría logrado esa decisión de la Corte?
El proceso orientado al cierre del examen preliminar se empezó hace más de un año. Es un trabajo diplomático y de la Agencia, para presentar los resultados de todas las jurisdicciones. En 17 años han pasado muchas cosas, no solo la creación de la JEP, que va a cumplir cuatro años de operación y cinco de creada. Uno de los puntos de observación de la Corte era la transición de la justicia ordinaria a la JEP, pero acordémonos que había cinco grandes temas: ese, ‘falsos positivos’, desplazamiento forzado, paramilitarismo y violencia sexual. En todos hubo resultados.

“Hay una crisis ética en contratación pública y los responsables no son siempre los funcionarios. Hay particulares que toman iniciativas de organizarse criminalmente para defraudar al Estado”.

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Pero, a pesar de la decisión de la Corte Penal , en el Congreso siguen cursando proyectos de ley que buscan reformar la JEP...
Cualquier proyecto de ley que tienda a evitar que no haya justicia podría generar que se reabra la investigación preliminar. No creo que ninguno de esos proyectos prospere. Me parece que si hay un proyecto que mejore la JEP, no debe ser materia de temor, pero por parte del Gobierno no hay ningún hecho que pueda significar que eso vaya a pasar. Pero el problema no es que modifique o no la JEP o la jurisdicción ordinaria. El punto más crítico es que no haya investigación, juzgamiento y sanción adecuados y efectivos. Es decir, debe ser una investigación real y no superficial y por eso las sanciones de la JEP van a ser definitivas.

¿Cómo garantizar que se cumplan esos puntos, teniendo en cuenta la posición que el actual Gobierno ha tenido con respecto a la JEP?
El Gobierno acaba de acordar la ampliación del mandato con la ONU precisamente para la verificación de todos esos puntos y me parece que es un elemento que hay que abonar a su tarea diplomática. No coincido con quienes afirman que hay una permanente controversia y que el presidente Duque está dedicado a poner zancadillas al avance de la Justicia. Los hechos y las cifras demuestran lo contrario. El fiscal de la CPI dice que no mira hechos políticos, sino hechos concretos y pruebas de los avances de la financiación de la JEP, y apoyo a ese organismo es lo que hay. La Agencia trabaja en armónica colaboración con todas las ramas del Estado, incluida la JEP.

Algunas organizaciones civiles presentaron ante la CIDH cifras que mostrarían que el Estado no ha implementado las recomendaciones que el organismo hizo tras el Paro Nacional. ¿Qué responde?
Ese es un punto de vista de algunas organizaciones sociales. A mí me causó mucha curiosidad el hecho de que le hubiéramos pedido a la Comisión que también invitará a otras ONG que representan a víctimas y otros sectores, y se negó. Nunca entendemos porqué van siempre las mismas, que tienen, seguramente, más intereses políticos que jurídicos. Todas las investigaciones relacionadas con los días aquellos de los bloqueos y las protestas, están siendo juzgadas, ya hay incluso sanciones contundentes. Pero no hay peor ciego que el no quiere ver, y eso le pasa a algunas ONG, y a veces a la Comisión no le gusta ver la realidad.

¿Pero esas recomendaciones se están cumpliendo o no?
Las recomendaciones que la Comisión formuló tras su visita, hay que recordar, no son obligatorias. Muchas ya se habían dado incluso antes de que la Comisión se pronunciara y fueron cumplidas por Colombia. En ellas había unas que no tenían nada qué ver con la visita, eran políticas y se supone que acá estamos en una defensa de los Derechos Humanos que no tiene color político, así a la izquierda le parezca que no es así.

¿Eso quiere decir que para ustedes la CIDH está tomando decisiones más políticas que jurídicas?
Pues la Corte tiene una función cuasi judicial y tiene la obligación de analizar los elementos jurídicos que presentan las víctimas y el Estado. El equipo nuestro estaba viendo cifras presentadas por las ONG totalmente desactualizadas, que no coinciden con la realidad, nombres cruzados. La misma Defensoría del Pueblo lo anotó y me imagino que la Comisión va a tener en cuenta esos errores de información. Espero que la Comisión no trague entero.

¿Cree que se debe crear un mecanismo de seguimiento para evitar que en el país se cometan más violaciones a Derechos Humanos, como lo han propuesto esas ONG?
El Estado colombiano ya dijo que no es necesario, porque mantenemos un diálogo constante y fluido con la Comisión. Desde el momento de las protestas, me he reunido tres veces con la Comisión y constantemente hacemos intercambios de opiniones.

Esa propuesta ni es viable dentro de los estatutos de la Comisión, ni es necesaria, porque para eso está el Estado respondiendo directamente y la CIDH tiene otros mecanismos, entre ellos el del diálogo permanente, que es el que más estamos usando.

¿Cómo está el panorama de demandas contra el país?
Hay 329.373 casos al 30 de septiembre, donde nosotros participamos en 709 directamente, que valen $263 billones. Además, la Agencia ha ganado en estos tres años litigios que valen $57,4 billones. Como demandantes, solo tenemos 31.147 casos, por $17,5 millones, principalmente en multas y cobros, pero ya empezamos a mejor por tipo de acción. Además, este año se han admitido 42.692 procesos. También hay 80 procesos de arbitraje por $4,2 millones, catorce controversias de inversión, hemos ganado varias y tenemos 793 casos en el Sistema Interamericano.

Usted dijo que la Agencia intervendrá en la demanda de la Unión Temporal Centros Poblados contra el Estado. ¿Cómo va ese proceso?
Sí, la Agencia está ayudando al Ministerio. Desde luego, no puedo adelantarme en la estrategia jurídica, pero ahí lo que hubo fue una empresa criminal, diseñada y organizada para robarse dineros del Estado. La Fiscalía está actuando, hay apoyo internacional en las investigación y ya vamos a ir viendo en desarrollos judiciales internos cómo marcha, pero hay pleno convencimiento de que aquí los responsables son los criminales, no el Estado.

Hablando de demandas, Odebrecht también presentó una...
Odebrecht presentó una intención de demanda de arbitraje de inversión que está quieta. Colombia ha presentado una serie de litigios, una opción de reparación directa que está en trámite; tomará su tiempo, no es una acción usual. Se demandó a todos los miembros del Consorcio Ruta del Sol II, incluido Odebrecht.