El complejo panorama al que se enfrenta la política de la Paz Total, según Indepaz

Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en los acercamientos con grupos ilegales para la construcción de lo que ha denominado como la 'Paz Total', un informe de Indepaz muestra la magnitud del reto al que tendrá que enfrentarse el Gobierno si quiere desmovilizar a todas las organizaciones armadas que operan en el país.

El informe precisa que son 14 las organizaciones que han manifestado su disposición de negociar con el gobierno: tres de las llamadas disidencias (el bloque Suroriental, el Comando Coordinador de Occidente  y la Segunda Marquetalia; nueve de los grupos que denomina narcoparamilitares (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), Los Pachelly, Los Caparros, Los Shotas, Los Espartanos, Los Costeños, Los Rastrojos Costeños y La Oficina); el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Cada uno de estos grupos, de acuerdo con el informe se encuentra en dinámicas distintas: mientras que el ELN, el grupo con el que van más avanzadas las conversaciones, pues ya se instaló la mesa de diálogo en Caracas, viene en una disminución de su presencia militar desde 2020, "por la acción de la Fuerza Pública y confrontaciones con otros armados ilegales, los grupos narcoparamilitares, que habían venido reduciéndose hasta 2020, tuvieron una recuperación desde 2021. De tener presencia en 332 municipios ese año pasaron a 345 en 2022.

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Por su parte, las disidencias de las FARC, han ido teniendo un crecimiento sostenido desde 2017, pues pasaron de tener presencia en 88 municipios de 15 departamentos ese año a estar en 161 municipios de 20 departamentos en 2022.

En suma, como lo señala el informe, si bien los escenarios de confrontación armada y de graves violaciones a la población civil se dan en cerca de 250 municipios del país, "las interrelaciones con mafias, carteles, poderes económicos y políticos la conflictividad afectan al conjunto de la sociedad y de la mayor parte de la geografía nacional.

Este es el panorama que presenta el informe por cada uno de los grupos y algunas de las complejidades de cada uno de ellos que serán significativas para la negociación:

Entre 2017 y 2021, el ELN tuvo una expansión como consecuencia de la desmovilización de las FARC, lo que le permitió pasar de tener presencia en 159 municipios en 2017 a 212 en 2022. Sin embargo, señala el informe, la acción de la Fuerza Pública y la confrontación con otros grupos ilegales disminuyó su accionar hasta llegar a 162 municipios en el primer trimestre del 2022.

Arauca, Boyacá y Casanare continúan siendo su zona de mayor influencia. En Casanare, Choco y Antioquia se nota un repliegue por la lucha de más bandas criminales, pero en el Valle y Bolívar se evidencia un aumento de su presencia.

Con el inicio de las negociaciones de paz con el gobierno Petro se reabrió el debate sobre qué tanta cohesión tiene el comando central con sus diferentes frentes de guerra para el cumplimiento de los pactos que salgan de las mesas de dialogo. Para Indepaz, aunque hay gran autonomía de sus distintas estructuras, sí hay unas directrices centrales que se cumplen.

"Algunos análisis concluyen que la guerrilla es un conjunto variopinto de estructuras, donde prevalece su autonomía sobre el poder de coordinación del COCE. Si bien, esas autonomías existen y se materializan en ciertas actividades que tienen que ver con el contexto en el que se desenvuelven las estructuras, es decir, rutas, negocios locales y alianzas momentáneas; es posible identificar la respuesta de los comandantes de los frentes de guerra a directrices a nivel nacional dadas de forma jerárquica y desde el mando central en materia de avances en el control territorial, social y discurso político", dice el informe.

El informe de Indepaz asegura que esta organización criminal, que el Gobierno Duque llegó a dar por terminada, se ha consolidado como el grupo narcoparamilitar más significativo, por su crecimiento desde el 2016 con el que ha llegado a tener presencia en 279 municipios de Colombia. Aunque en 2019 mostraba una tendencia a la baja en su presencia territorial, en 2021 inició un proceso de recuperación.

La consolidación de un corredor desde el Magdalena Medio hasta la salida del Mar Caribe ha fortalecido su incremento en la presencia por el país. Asimismo, se muestra un claro aumento en la región Orinoquia, así como los departamentos de Córdoba, Choco, Sucre, Casanare, Meta y Antioquia.

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En 2021 sufrieron golpes a su estructura de mando, como la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el segundo al mando Darío Hurtado alias Marihuano y posteriormente la captura de alias Matamba, dado de baja meses después de su fuga de la Cárcel La Modelo de Bogotá.

No obstante, según Indepaz, durante el primer trimestre del 2022, se identificó actividad en 326 municipios (la más alta registrada en 16 años de seguimiento).

Organizaciones ilegales conocidas como Los Pelusos, Los Rastrojos, Los Caparros, La Constru y Los Contadores han consolidado su accionar criminal en 232 municipios del país, pero disminuyendo sus posibilidades de injerencia en controles económicos y sociales, así como para alterar el orden público.

Sobre los Pelusos, se evidencia una marcada disminución debido a las confrontaciones con el ELN y la acción de la Fuerza Pública incluidas las capturas de alias Macho y alias Cúcuta, pasando de 27 a 9 municipios y perdiendo capacidad en su centro de poder.

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Los Pachencas, conocidos también como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada actúan por La Guajira hasta zona de frontera con Venezuela, a los municipios del Norte del Cesar y tiene presencias no dominantes en Barranquilla y Cartagena. En 2021 se registró su actividad en 17 municipios de cinco departamentos, pero en 2022 disminuyó a 11 municipios de cuatro departamentos.

Los Caparros, que en 2021 se identificaron en nueve municipios de Antioquia y uno de Córdoba, se han visto debilitados y replegados por la confrontación con algunos del Clan del Golfo. Ahora durante el 2022 se ha tenido información sobre su rearme bajo el nombre de Los de Abajo, con el liderazgo de alias Camilo o el Negro Cristian, cuando se encontraba en la cárcel.

En lo que respecta a Los Rastrojos, para 2021 se registró actividad en 15 municipios de cinco departamentos y en lo corrido del año 2022 llega a 7 municipios en cuatro departamentos. Según el informe han sido debilitados por confrontaciones con el ELN, Clan del Golfo y Los Costeños (disidencias de los Rastrojos). Esto mismo sucede con La Constru y Los Contadores.

Como la Oficina del Valle de Aburra se registraron acciones de las bandas delincuenciales Los Triana, El Mesa, La Terraza, Robledo, La Sierra, Los Chatas, El Trianon y La Unión. Para 2021 su presencia se identificó en 19 municipios de 5 departamentos, pero en 2022 disminuyó en 16 municipios con el mismo número de departamentos.

Sin embargo, una de las alertas de Indepaz habla de hasta 350 bandas y una serie de combos barriales que operarían en un nivel más bajo de la denominada Oficina del Valle de Aburra.

Según el informe, entre 2017 y 2021, su presencia ha ido en escalada, duplicando el número de municipios en los que hacen presencia de 88 en 2017 a 141 en el 2021. Actualmente están en 161 municipios en 2022, bajo tres grandes frentes: el Bloque Suroriental, el Comando Coordinador de Occidente y la Segunda Marquetalia.

En seis departamentos el porcentaje de afectación está por encima del 50%, haciendo presencia en Meta, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Vichada, oriente de Nariño y un repunte en Arauca a pesar de disputas con el ELN y con el ejército venezolano. También buscan abrir un corredor que conecte con el oriente por Huila y Tolima

Luego de la muerte de Gentil Duarte se pensaba que se iba a generar una división al interior de las estructuras; sin embargo, es visible una centralidad de mando que responde hacia Iván Mordisco y que ha logrado ejercer un control por zonas de repliegue, procesamiento, tránsito y rutas.

Para Camilo González Posso, presidente de Indepaz, el proyecto de paz total de Gustavo Petro tendrá que hacer frente a un gran número de grupos armados ilegales, algunos enfrentados entre ellos y todos provocando violaciones a los derechos humanos de la población civil. Según González, el diálogo no será suficiente por sí solo, sino que se requerirá mayor inversión social y presencia institucional.

“La gente está pidiendo inversión, está pidiendo políticas sociales, alternativas para la juventud y por otro lado está la realidad de las mafias con todas esas cadenas de criminalidad nacional e internacional, que requieren tratamiento de otro tipo que sea más coercitivo”, expresó.

Según González, el aumento de las bandas criminales en varios sectores vulnerables del país en regiones como el Caribe, Norte de Santander, Arauca, Choco y Urabá Antioqueño, Cauca y Sur del Valle, Putumayo y algunas zonas urbanas de varias ciudades, hace necesario que mientras se busca desmovilizar a estos grupos armados, deba darse también alternativas a la población para que tenga opciones distintas al narcotráfico, el gota a gota, la complicidad con las mafias y todo tipo de actividades que tienen prisioneras a las comunidades.