El representante a la Cámara Wadith Manzur guardó silencio ante la Corte Suprema de Justicia, que lo citó a indagatoria por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre (Ungrd).
El congresista hizo lo mismo que su compañera Karen Manríquez, quien asistió el lunes al alto tribunal.
Fue el propio Manzur en las instalaciones del Palacio de Justicia, quien aseguró que decidió guardar silencio, pero aclaró que se siente tranquilo porque fue él mismo el que le pidió a la Corte que lo investigara.
En ese contexto, su abogado Luis Torregroza indicó que parte de la de decisión se basa en que sea llamado e interrogado Olmedo López, pieza clave de ese escándalo de corrupción porque hasta el momento ha guardado silencio y quieren interrogarlo.
Manzur hace parte del grupo de congresistas citado por el alto tribunal el pasado 1 de diciembre, junto a Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, por su presunta participación en actos de cohecho impropio relacionados con la aprobación de operaciones de crédito en favor del Ministerio de Hacienda, a cambio de beneficios que se habrían materializado en contratos asignados, a través de la Ungrd.
Según la Corte, existen indicios de que los parlamentarios habrían aprobado conceptos de crédito público con el compromiso de qué proyectos específicos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) se beneficiarían con la asignación de recursos de esa entidad.
La investigación revela que se presentó una “organización criminal”, como la denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.
Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector de la UNGRD. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López “El pastuso”, quien dirige varias empresas involucradas en el escándalo.
Entre lo hallado estaría un contrato para comprar 40 carrotanques para distribuir agua en La Guajira, el cual habría presentado sobrecostos y otras irregularidades. En este se detectó que López y Pinilla se aliaron con “El pastuso” para entregarle el contrato a cambio de coimas.
En medio de ese escándalo, el pasado 27 de noviembre Andrés Calle e Iván Name, expresidentes de Cámara y Senado, respectivamente, rindieron declaración ante la Corte Suprema de Justicia.
Para la Fiscalía, Name recibió $3.000 millones a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y recientemente imputada, y $1000 millones a Calle, por presunta orden directa de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia”.