El partido Centro Democrático interpuso este 31 de mayo una denuncia penal en contra del senador oficialista Wilson Arias Castillo, por la presunta comisión de varios delitos.

Se trata, según un comunicado de la colectividad que naturalmente lidera el expresidente Álvaro Uribe, de los supuestos cargos de instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, hostilidad militar, sedición y conspiración.

De acuerdo con el uribismo, “la invitación a la violencia y el uso de la fuerza se constituyen en una violación al marco legal que reglamenta sus funciones como servidor público”.

La polémica surgió por un video grabado durante un discurso que el congresista del Pacto Histórico pronunció en Cali el pasado 25 de mayo, en el que se dirigía al ELN y a distintas facciones armadas, para cuestionar su actuar “revolucionario”. 

Arias expresó reparos y les preguntó a los grupos ilegales si es “revolucionario” emprender una ofensiva contra un gobierno “que busca la paz con justicia social” y recibir a cambio “aplausos de Luis Carlos Sarmiento Angulo”.

Las palabras de Wilson Arias fueron recibidas como una invitación a que las organizaciones ilegales apoyen a Gustavo Petro, por lo que, por ejemplo, el senador Miguel Uribe aseguró que se trató de una “confesión” de que el Gobierno “es de las Farc”.

Ante las críticas, el senador vallecaucano aseguró, en un video, que “las disidencias son criminales y no es ningún delito llamarlas a que cesen sus ataques a la población” y anunció que demandará por “calumnia” a quienes, según él, tergiversaron sus palabras para atribuirle delitos.

“En una operación coordinada, la derecha me está acusando de hacer apología del terrorismo e incitar a grupos criminales dizque a defender al Gobierno con las armas”, sostuvo Arias en el mismo video publicado en su cuenta de X.

De su lado, el comunicado del Centro Democrático termina diciendo: “Para nuestra colectividad política, el senador Arias Castillo pudo haber incurrido en la comisión de varios delitos con sus declaraciones públicas y, serán las autoridades judiciales o administrativas, quienes determinen la responsabilidad penal o a la que hubiere lugar por los hechos denunciados”.