Diferentes líderes políticos celebran este jueves 13 de julio que la Corte de La Haya rechazara las pretensiones de Nicaragua contra Colombia para ampliar su plataforma continental en el mar Caribe. Desde el Palacio de la Paz, la máxima corte de la ONU dio su veredicto sobre el largo litigio entre ambos países.
La presidenta de la Corte de La Haya, Joan Donoghue, rechazó los argumentos de Nicaragua en contra de una sentencia de 2012 en la que le otorgó una gran extensión de sus zonas marítimas en el Caribe, sin ir más allá de las 200 millas náuticas que le harían solapar la soberanía de siete islas colombianas.
Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Juan Manuel Santos, quien calificó la noticia como un “gran triunfo de Colombia”. Además, aplaudió a la excanciller de su gobierno, María Ángela Holguín.
“Felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en La Haya para nuestro país”, trinó Santos. Esto no pasó desapercibido y hubo quienes le reclamaron al exmandatario que el canciller es Álvaro Leyva.
La presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Joan Donoghue, declaró que “por 13 votos a cuatro, la Corte rechaza la solicitud hecha por Nicaragua para declarar que los límites marítimos entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en las áreas de las partes continentales que, según Nicaragua, les pertenecen a ellos, más allá de los límites determinados por la Corte en su sentencia de 2012″.
El presidente Gustavo Petro celebró una “gran victoria para Colombia en La Haya”. “La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, afirmó Petro.
Nicaragua reclamaba delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.
Sin embargo, esa extensión supondría una superposición con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
Managua, que desconoce la validez del acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó un área de aproximadamente 75.000 km² en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.
Sin embargo, Colombia no acató esta decisión y se retiró del Pacto de Bogotá, que busca la resolución pacífica de conflictos. Posteriormente, la CIJ confirmó la soberanía de las tres islas mayores (San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y de siete islas menores y cayos: Alburquerque, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Bolívar, Roncador y Quitasueño.
Antes de que se hiciera efectivo el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, Nicaragua presentó una nueva demanda el 16 de septiembre de 2013. En esta solicitud, buscaba la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de la costa de Los Mosquitos. Tras esta acción, Colombia radicó una respuesta ante la CIJ en febrero de 2019 para defender sus derechos en el mar Caribe.
El jueves 21 de abril de 2022, la Corte de La Haya anunció el fallo sobre las presuntas violaciones e incumplimientos de Colombia en relación con la decisión de 2012. En términos generales, este fue el segundo revés para Colombia en La Haya, ya que la CIJ determinó que efectivamente se habían violado los derechos de Nicaragua en el mar Caribe en materia de pesca e investigación científica.
La CIJ instó a Colombia a cesar inmediatamente las interferencias en este ecosistema marino y llamó la atención de ambos países para que intentaran llegar a un acuerdo bilateral sobre el asunto. Es importante destacar que la lectura de este segundo fallo no afectó ningún territorio marítimo, sino el supuesto incumplimiento del fallo de 2012 por parte de Colombia.