El ministro de Defensa, Iván Velásquez, y otros funcionarios de la entidad, fueron citados este viernes por la Fiscalía General de la Nación a declarar en medio de la investigación por los presuntos sobrecostos en un millonario contrato para la compra de vehículos 8X8.
Según se indicó, será un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, el encargado de adelantar la investigación para recopilar la información y elementos suficientes y así conocer con detalle los hechos relacionados con el proceso de contratación.
La Fiscalía precisó que también serán escuchados el general (r) Ricardo Díaz, viceministro de Estrategia y Planeación; Javier Mondragón, director de proyección de capacidades e innovación; Yenni Mora, asesora de contratación estatal.
De igual forma, fueron citados a declarar el coronel Óscar Melo Muñoz, gerente del proyecto de fortalecimiento de capacidades operacionales del Ejército para la defensa de la frontera de los vehículos 8×8; el coronel Carlos Luque Ochoa, director de la Escuela de Infantería; y el sargento viceprimero Andrés Aldana, integrante del Comité Técnico del proyecto vehículos 8×8.
El polémico contrato
El pasado domingo el Ministerio de Defensa anunció que solicitó una auditoria especial a la Contraloría General de la Nación debido al contrato por la compra de 55 vehículos blindados LAV III 8×8 para el Ejército Nacional, el cual se firmó por 305 millones de dólares, es decir, 1.3 billones de pesos.
Cabe recordar que la Revista Semana denunció un posible sobrecosto cercano a los 17 millones de dólares en el contrato que fue firmado el 29 de diciembre del año pasado por la entonces secretaria general Ana María Garzón.
Luego de que este escándalo saliera a la luz, el Ministerio de Defensa dio algunos detalles sobre el millonario contrato, que consiste en la adquisición de unos vehículos blindados 8x8 adquiridos para el Ejército que llegarían para 2026.
El contrato suscrito en 2022 alcanzó la suma de 305 millones de dólares. En el documento aseguran que al realizarse con un proveedor exclusivo “permite que no se generen costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega del producto”.
No obstante, desde el Ministerio señalan que este contrato no solo incluye la compra de los vehículos, sino que además contempla que el contratista realice transferencia de conocimiento al Ejército Nacional, a través de la política de offset.
Entre las explicaciones dadas por el Ministerio de Defensa, sobre las presuntas irregularidades denunciadas, aseguraron que varios ítems discutidos normalmente hacen parte de los contratos.
Sobre el almacenamiento y ejercicios de prueba, expresaron que estos son actividades propias del ejercicio que ejecuta cualquier proveedor de un bien. También hacen referencia a la administración de ingeniería y gestión del programa, que, según aseguran, son costos que tendrá el contratista en temas administrativos para la fabricación de los vehículos, ya que estos no están en stock debido a sus características especiales.
Asimismo, explicaron que los costos de ingeniería recurrente se deben a las exigencias determinadas por el Ejército acerca de un diseño especial determinado. Igualmente, los costos sobre la actualización de manuales que permiten al Ministerio de Defensa llevar a cabo mantenimiento a los vehículos sin perder la garantía y optimizar recursos.
*Nota con información de Colprensa*