Este martes 10 de septiembre desde las 9:00 de la mañana se lleva a cabo la audiencia preparatoria contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, tras señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber cometido los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, así como las indagaciones que surgieron sobre una supuesta financiación irregular de la campaña de su padre.
Según la investigación, Petro Burgos habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de $1000 millones y habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades.
Se le acusa de haber recibido el dinero del ex narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido con ‘El Hombre Marlboro’, y del empresario Alfonso Hilsaca, alias ‘El Turco Hilsaca’. Aunque se dice que ese dinero tuvo que haber llegado a la campaña que llevó a su padre a la Presidencia, el investigado se lo habría apropiado para comprar inmuebles en Barranquilla.
En las gastos de Nicolás Petro se identificó, por ejemplo, el pago de un arriendo en el edificio Balcones del Parque, de Barranquilla, por $23 millones y el arriendo de una casa condominio, en julio de 2022, en Puerto Colombia, por $86 millones. En noviembre de ese año, también según la Fiscalía, pagó otro arriendo en Barranquilla, el Altos de Bonavista, por $38 millones y, para esa misma época, ya había pagado el monto inicial de una casa en Tubará, por $334 millones, y había adquirido un carro Mercedes Benz por $200 millones. Todo eso, y otros gastos sumaban al menos $1.450 millones, según la Fiscalía, pero a corte de 2022, Petro Burgos solo podría justificar $280 millones por su trabajo como diputado del Atlántico.
Además, habría pruebas de que ocultó bienes, borrando su nombre de cualquier rastro, y puso a terceros, entre ellos a familiares de Day Vásquez, como los verdaderos propietarios.
Esta vez, el juez deberá definir cuáles serán las evidencias que se tendrán en cuenta en el juicio en su contra y por los dos delitos que fueron imputados. Con el cumplimiento de esta audiencia se cierra la etapa preparatoria y abre paso al juicio, en el que las partes deberán enfrentarse con pruebas y testigos.
La última diligencia fue suspendida por solicitud de la defensa de Nicolás Petro, quien intentó nuevamente aplazar el curso de la audiencia con el argumento de que hacían falta al menos 100 elementos de prueba por recibir y analizar.
“Ya se ha venido reiterando —en distintas oportunidades— aplazamientos tras aplazamiento, tres veces, inclusive, y mire, lo que dice la Corte Interamericana: la Fiscalía debe practicar el principio de la debida diligencia que consiste en que por un descubrimiento probatorio, incompletó los plazos transcurridos en estas mismas y los juicios orales se ven afectados por peticiones de prórrogas y aplazamientos”, señaló.