Mientras no se agota el debate jurídico sobre la viabilidad de la investigación que el Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió abrir en contra de la campaña presidencial de Gustavo Petro, algunos se preguntan qué está pasando al respecto en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Ello debido no solamente a que amigos y contradictorios del Mandatario coinciden en que ese sí es su juez natural, de acuerdo con la Constitución Política, sino porque esa no es la única causa que se le ha abierto allí al actual Jefe de Estado.
De hecho, Colprensa pudo establecer que, por delante de la investigación por la supuesta violación de los topes de financiación de la campaña que llevó a la Casa de Nariño, en esa célula legislativa hacen trámite varias demandas contra el presidente Petro.
Incluso, las fuentes consultadas hablan de 81 expedientes activos contra el Mandatario por diferentes motivos.
Según se indicó, la mayoría provienen de sus opositores políticos y entre ellos se cuenta la que asegura que a la campaña del hoy Mandatario habrían entrado dineros de dudosa procedencia. Sin embargo, cabe advertir que el hoy Jefe de Estado cuenta con un amplio respaldo en la Cámara de Representantes, lo que hace prever que sería muy difícil que las mayorías de esa corporación llegaran a votar por hacerle un juicio político por parte del Senado de la República.
Tal vez por esa razón, dicen algunos analistas consultados por Colprensa, es que, en medio de la polémica por la apertura del proceso por parte del CNE, los abogados del inquilino de la Casa de Nariño le solicitaron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que haga pública toda la documentación que se está estudiando por parte de los representantes investigadores sobre ese mismo caso.
Los datos oficiales dan cuentan de que en dicho expediente están contenidas 25 pruebas testimoniales y 34 documentales, además de 3 inspecciones judiciales.
Lo cierto es que los miembros de la Cámara que tienen a su cargo los diferentes procesos en contra del hoy Mandatario son Wilmer Ramiro Carrillo (Partido de La U), Gloria Elena Arizabaleta (Pacto Histórico), Alirio Uribe Muñoz (Pacto Histórico), Katherine Miranda (Alianza Verde), Alejandro Ocampo (Pacto Histórico), Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador) y Juan Carlos Wills (Partido Conservador), quienes en su mayoría son cercanos a Gustavo Petro.
No obstante, de acuerdo con la Secretaría de la Comisión de Acusaciones, de los 81 expedientes abiertos en contra del presidente Petro, todavía 7 están pendientes por ser asignados a alguno de los integrantes de esa instancia legislativa.
Ahora bien, el proceso que se adelanta específicamente por la supuesta violación de los topes financieros de la campaña presidencial, que es el coincidente con la investigación que acaba de abrir el Consejo Nacional Electoral, está en manos de los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo.
Siendo el tema de mayor relevancia, se frenó un poco por la solicitud que los encargados del caso le hicieron a los magistrados del Consejo Nacional Electoral para que les entregaran el proceso, porque, en su concepto, ese tribunal no es competente para investigar al Presidente de la República, incluso en lo que se refiere a la financiación de la campaña.
Por ello, debieron esperar hasta que el Consejo de Estado se pronunciara, determinando, como ya se sabe, que el CNE sí es competente para adelantar dicho proceso contra el Mandatario.
No dan los tiempos
Ante esa y otras demoras, propiciadas, según analistas y observadores políticos, porque algunos de sus investigadores no tienen interés en que avance el proceso, muchas de esas voces consideran que, al menos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, es muy probable que esta investigación alcance a finalizarse antes de que termine el Gobierno Petro, en agosto de 2026.
Otra cosa que se da por cierta es que el estudio de la petición que hizo la semana pasada el Mandatario colombiano en el sentido de que se haga público el expediente de la investigación en su contra, se tomará varias semanas, lo que también contribuirá a impedir que el resultado de la misma se dé antes de que termine el periodo del actual Ejecutivo.
De acuerdo con los reportes de la Secretaría de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, los expedientes más relevantes contra el Presidente de la República están identificados con los números 6178, 6209, 6210, 6211 y 6212 y les correspondieron a los representantes investigadores Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde), Alirio Uribe y Wilmer Carrillo.
Los tres congresistas investigadores son Uribe, Arizabaleta y Carrillo, quienes sumaron a ese proceso otras denuncias, entre las que se cuentan las conversaciones entre el actual embajador ante la FAO, Armando Benedetti, y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, sobre la consecución de dineros para la campaña en la costa Caribe, sus aportantes y los montos entregados.
Por ahora, los tres representantes a cargo del caso han practicado pruebas testimoniales a Alfonso del Cristo, ‘El Turco’ Hilsaca Elajdue; Santa Lopesierra, conocido como ‘el Hombre Marlboro’; Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; Euclides Torres, empresario del Caribe, y Dagoberto Quiroga, quien hasta septiembre pasado fungió como superintendente de Servicios Públicos.