Aunque el anuncio de decretar el estado de conmoción interior y la emergencia económica alertó a algunos sectores, la noticia de que el primero solo regirá en el Catatumbo y que se desistió del segundo, generó tranquilidad ante la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro abusara de las facultades que otorgan esas medidas.
“Esta medida se implementará debido a la violencia y las amenazas contra la seguridad, la convivencia ciudadana y la estabilidad del Estado. Con esta declaración, el Gobierno puede tomar decisiones rápidas mediante decretos especiales para restablecer el orden, siempre respetando los Derechos Humanos y la Constitución”, explica el politólogo Alejandro Echeverry.
Lo anterior quiere decir que el Mandatario, luego de dar a conocer el decreto, podrá tomar acciones urgentes para recuperar la seguridad, mientras que otras instituciones del Estado supervisan cada medida. Además, no se pueden suspender derechos fundamentales, comenta el politólogo.
En ese sentido, el consultor político Álvaro Benedetti anota que Petro puede “expedir decretos con fuerza de ley sin necesidad de acudir al Congreso, asumiendo que es un tiempo de crisis en el que el trámite legislativo es innecesario o es costoso para superar la problemática. Entonces, puede haber restricciones a la movilidad, coordinar acciones de las Fuerzas Armadas y de Policía y destinar recursos extraordinarios con el propósito de restaurar el orden público”.
Esta medida excepcional se decreta por 90 días y solo puede prorrogarse por hasta dos periodos más de la misma cantidad de tiempo cada uno. Es decir, que podría ser válido hasta por 270 días. La segunda prórroga, además, requiere visto bueno del Senado.
Al respecto, el consultor y analista político Germán González advierte que lo mencionado “no significa que dejen de existir u operar otras ramas del poder público y que se acabe la división de poderes. Las facultades del Presidente tienen varios contrapesos porque las Cortes mantienen su función de control judicial, garantizando que tanto la declaratoria como todo decreto expedido por el Gobierno durante el estado de excepción sea revisado a la luz de la Constitución”.
Indica que el control de la Corte es automático: “Recordemos, por ejemplo, cómo la Corte decidió que era inexequible la declaración de emergencia económica en La Guajira del Gobierno Petro. Y que la última conmoción interior que se declaró en el país en el 2008, durante el mandato de Álvaro Uribe, también recibió la misma estocada por parte del tribunal”.
Asimismo, añade que el Congreso mantiene su función de control político sobre las acciones del Ejecutivo, ministerios y entidades, pudiendo citar a funcionarios a debates de control político. La Casa de Nariño también debe presentar un informe ante el Legislativo, en el que justifique la declaratoria y estaría encargado de aprobar o prohibir la segunda prórroga.
“Entonces hay mecanismos que permiten contener el abuso del Gobierno de este instrumento. Hay que ver cómo se aplica en la situación del Catatumbo, pero podría significar, por ejemplo, la emisión de gravámenes de carácter municipal y departamental en las zonas declaradas en conmoción o adiciones presupuestales en ciertos rubros”, menciona González.
Y finaliza: “También puede declarar la limitación de ciertos derechos en la zona, como el de locomoción en el territorio, pero todavía no es claro, hasta que se conozca el texto”.
Las fuentes coinciden en que la decisión del Gobierno de desistir de la emergencia económica y limitar la conmoción interior al Catatumbo calma los ánimos frente a las alertas de que el Mandatario podría usar las medidas para exceder sus facultades.
“La oposición ha alertado que hay riesgos ante un posible abuso de poder, que, con el reverso del decreto de emergencia económica, se acalló el temor de expedir una reforma tributaria exprés, pero sí hay un riesgo, y esto ha pasado en todos los gobiernos, de que exista arbitrariedad en la toma de decisiones y de que se prolongue indebidamente el decreto de conmoción interior”, anota el analista Benedetti.