Una prueba sería clave en la ponencia presentada por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortíz, donde se le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña al hoy presidente, Gustavo Petro.
Los magistrados piden formular cargos contra el Jefe de Estado y el gerente de campaña en 2022, Ricardo Roa, y aunque la votación de la ponencia estaba prevista para la semana pasada, esta se aplazó para dentro de dos semanas más.
La ‘prueba reina’ en el proceso sería una factura electrónica por 356 millones de pesos por el pago de publicidad A Caracol Televisión, para la primera vuelta presidencial, que habría hecho Roa, la cual no fue reportada a las autoridades electorales como lo indica la ley.
Solo con esa cifra demostrada a la Dian se superarían los topes de campaña fijados por el CNE, por lo que en la ponencia de los magistrados se señala una supuesta omisión de reporte de la factura electrónica propaganda electoral.
“Por lo expuesto, al tenor de los servicios de propaganda electoral contratados y emitidos por el medio de comunicación Caracol TV S.A. entre el 2 y el 23 de mayo de 2022 a favor del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, se logra determinar por la Sala, que la factura electrónica CI 8136 expedida el 31 de mayo de 2022, pertenece a las actividades propias de la campaña presidencial de primera vuelta, hecho económico que ascendió a la suma trescientos cincuenta y seis millones ciento dos mil ochocientos setenta y dos pesos ($ 356.102.872) y que se omitió reportar en los informes de ingresos y gastos de la misma”, dice el documento de pliego de cargos.
Según la información presentada, en la primera vuelta, el equipo de Gustavo Petro estuvo a 28 millones de pesos de volarse los topes, mientras que en la segunda, a 13 millones. Además, los extractos bancarios de la empresa encargada de suministrar los servicios de capacitación y coordinación de testigos electorales es otra de las pruebas a considerar en la investigación, ya que significó un valor de 202 millones de pesos por conceptos de servicios tecnológicos y seguridad de plataformas.
En su defensa, el Mandatario dijo que contar con el pago a los testigos electorales es “un exabrupto de aquí a Cafarnaúm”, porque la labor de esas personas es supervisar los votos y la campaña termina el día anterior de las elecciones.
El argumento de Petro no termina de encajar, ya que 2018, cuando perdió la contienda por la Presidencia frente a Iván Duque, cobró el gasto que tuvo por concepto de testigos electorales, donde se le reconocieron para la primera vuelta 235 millones de pesos y en la segunda 1565 millones de pesos.