Este viernes 24 de mayo, la Fiscalía acusó formalmente al expresidente, Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
Gilberto Iván Villarreal, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, fue quien presentó el escrito de acusación contra el expresidente Uribe.
En el documento, la Fiscalía afirmó que el expresidente Uribe habría determinado a su entonces abogado Diego Cadena para que testigos “faltaran a la verdad o la ocultaran parcialmente”.
“Debidamente formulada la acusación en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, quien a partir de este momento adquiere la condición de acusado. A partir de este momento pasamos entonces a la etapa de descubrimiento probatorio”, expresó la juez.
Cabe recordar que la jueza Sandra Liliana Heredia, del juzgado 44 Penal de Bogotá, le negó una solicitud de nulidad sobre toda la investigación que se sigue contra Uribe por presunta manipulación de testigos. Además, para evitar que se convierta en una estrategia dilatoria, no le permitió interponer recursos.
“No está claro qué se le imputó, no están claros los detalles de la imputación”, afirmó Granados.
Tras su decisión, la juez también reconoció como víctimas al senador Iván Cepeda; Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve; y los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. El único que se había opuesto a ese reconocimiento había sido precisamente Jaime Granados, abogado del expresidente.
Caso de Álvaro Uribe: así inició el proceso
El proceso comenzó en 2018, con una investigación que la Corte Suprema adelantaba contra el senador Iván Cepeda luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda. Cepeda reveló testimonios de exparamilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con el paramilitarismo, principalmente en Antioquia.
En medio de esta investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detener al exsenador de manera preventiva en su residencia. El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.
Contrario al alto tribunal, la Fiscalía intentó cerrar el caso. La primera solicitud llegó por cuenta del entonces coordinador de fiscales delegados ante la Corte, Gabriel Jaimes, jefe de Villarreal, y la segunda, por el fiscal Javier Cárdenas. Una jueza le negó la preclusión a Jaimes y otra, a Cárdenas, quien apeló y recibió otra negativa del Tribunal de Bogotá. Con el cambio de fiscal, fue que se decidió llevarlo a juicio.
Además de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la Fiscalía en la última audiencia que también lo investigara por el delito de soborno. Ese delito está vinculado al caso de la exfiscal condenada Hilda Niño, a quien, al parecer, se le habría ofrecido un soborno por parte del abogado Diego Cadena.
*Con información de Colprensa y redacción de El País.