A raíz de las denuncias de que narcos estaban pagando hasta un millón de dólares para ser nombrados gestores de paz, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que llamará a declarar al comisionado de Paz, Danilo Rueda, y al hermano del presidente, Juan Fernando Petro.

El anuncio lo hizo el fiscal luego de una reunión de más de dos horas con el presidente, Gustavo Petro, en la que discutieron temas como la liberación de jóvenes detenidos en protestas y el levantamiento de órdenes de captura para miembros del Clan del Golfo.

“El mismo alto comisionado, en la entrevista, señaló que él había recibido informaciones de personas que estaban tratando de engañar el proyecto de la Paz Total, o que estaban haciendo negocios con ella. Todos esos elementos son fundamentales para determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar”, dijo el fiscal durante una rueda de prensa.

En este sentido el fiscal Barbosa dijo que el primer interesado en que este escándalo se aclare es el presidente la República.

“Él es primer interesado en decirme que es necesario se aclare porque no quiere que este proyecto de Paz Total termine siendo una especie de entramado criminal”, dijo Barbosa.

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Por otro lado el fiscal general calificó la reunión sostenida con el presidente como amable, y dijo que durante esta le manifestó su preocupación por dos decretos.

“Los decretos en los cuales se planteó cese de hostilidades con dos organizaciones narcotraficantes que han violado derechos humanos en Colombia. En ese sentido le mostré los resultados operativos, que son lamentables en términos de incautación de cocaina y de destruction de laboratorios. Le indiqué que estos no tienen delimitación territorial en el marco de la suspensión de operaciones”, explicó el fiscal.

También dijo, que durante la reunión se definió que los grupos paramilitares sólo podrán acceder a una ley de sometimiento y que no habrá levantamiento de órdenes de captura contra personas que son pedidas en extradición.

“La paz puede llegar a una justicia transicional y en eso la Fiscalía acompaña esos esfuerzos con el ELN e incluso con las Disidencias que no firmaron el acuerdo de paz. Pero el sometimiento debe tener cárcel y justicia retributiva”, explicó el fiscal.

Por último Barbosa dijo que ante las críticas que existen de incautación de droga y destrucción de laboratorios de se reunirán mensualmente para evaluar lo que está pasando.

“Aquellos que quieren ver un zafarrancho entre el presidente y el fiscal se equivocan porque lo que van a ver son discusiones muy serias”, concluyó Barbosa.

Esta reunión fue convocada por el presidente de la República para discutir las diferentes aristas y requerimientos judiciales que se tienen que surtir en medio de la búsqueda de la Paz Total, las cuales los han teñido enfrentados en las últimas semanas.

Las diferencias entre el Gobierno y la entidad judicial comenzaron cuando la Fiscalía General se negó a suspender las órdenes de captura de integrantes de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia' (AGC) y las 'Autodefensas de la Sierra Nevada' (ACSN), pues según Barbosa no hay una norma que lo permita.

Ante esa respuesta, en un comienzo, el Gobierno aseguró que esa potestad se la entregaba al presidente Petro la Ley 2272 de 2022 que reglamentó la Ley 418 de 1993, más conocida como Ley de Orden Público.

En medio de ese proceso, el presidente Petro y el fiscal Barbosa tuvieron un diálogo telefónico mientras el mandatario estaba en Davos, Suiza.

El jefe de Estado aseguró que el fiscal Barbosa tenía razón en algunos temas y por tal motivo, para entrar en consensos, se reunirá con el funcionario público el lunes 30.

“Yo estaba un poco sorprendido porque era por prensa que estaba viendo el tenor de las fricciones, traté de preguntarle de qué se trataba. Más o menos me comentó, creo que son cosas que se pueden solucionar, por eso quedamos de hablar el 30 de manera personal (…) que el Gobierno tiene que estudiar a profundidad y creo que en eso tiene mucha razón”, expresó Petro en declaraciones.