El Gobierno Nacional acató el llamado de los firmantes del acuerdo de paz del Gobierno con las Farc y rechazó las intimidaciones que están recibiendo más de 200 familias de excombatientes de las Farc en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Mariana Páez, en el departamento del Meta por amenazas de disidentes de las Farc.

El llamado lo hizo el Consejo Nacional de Reincorporación de Comunes y su principal líder y firmante del acuerdo Rodrigo Londoño. El firmante aseguró que han sido amedrentados por el Estado Mayor Central, disidencia de las Farc, y grupo que comenzará un proceso de paz con el Gobierno en las próximas semanas.

La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Oficina del alto comisionado se pronunciaron sobre la situación y manifestaron que tomarán medidas frente al caso que se ha venido presentando en el Meta.

Lea aquí: Más de 200 familias de excombatientes fueron desplazadas por amenazas de disidentes de las Farc

El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dio a conocer que un grupo específico atenderá los llamados de la ETCR que serán revisados por medio de una línea humanitaria que dispondrá el Gobierno.

“Se activó un mecanismo de emergencia con para mitigar el riesgo de los habitantes de esta ETCR, y se llevó a cabo una reunión con delegados de los firmantes. La implementación de los acuerdos del Teatro Colón es uno de los pilares fundamentales de la política de la paz total. El Gobierno no permitirá que los firmantes de paz y sus familias sean desplazados de sus hogares y obligados a abandonar sus proyectos productivos”, expresó el comisionado.

Una delegación del Gobierno conformada por los Ministerios de Defensa, de Interior, de la Oficina del comisionado, de la Policía Nacional y de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización se dirigirán al Meta para atender la situación.

“Instamos al Estado Mayor Central de las Farc-EP a pronunciarse con respecto a este incidente, ratificar su voluntad y compromiso con la paz y preservar la confianza construida durante el proceso de acercamientos con el Gobierno Nacional”, afirmó la Oficina de Rueda.

Por su parte, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz informó que acompañarán todas las acciones que tomen las entidades correspondientes para atender la situación.

“Advertimos a los grupos armados organizados que la política de paz total no admite presiones por medio de homicidios, desplazamientos, confinamientos, amenazas, constreñimientos o cualquier otra afectación a la dignidad de quiénes padecen el rigor de la violencia de los últimos 80 años en Colombia”, afirmó la Unidad.

Y concluyó la Unidad dirigida por su directora Gloria Cuartas: “El día de hoy se llevará a cabo una reunión interinstitucional en territorio para coordinar acciones que permitan garantizar la seguridad de la población en Mesetas, Meta, como en otros espacios donde reside población en proceso de reincorporación y sus familias”.

Frente a la denuncia, el expresidente Juan Manuel Santos le hizo un llamado al Gobierno para que sea atendido el caso denunciado.

“El Gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño y a los firmantes del acuerdo de paz. Lo que está sucediendo es muy grave. Como siempre se ha dicho: este acuerdo es el cimiento de la paz total”, expresó Santos en su cuenta de Twitter.