Definición de competencias en todos los niveles del gobierno, la creación de cárceles territoriales, nuevas fuentes de financiación para construir cárceles y no uso de las URIS para tener detenidos o condenados, son algunas de las medidas que contempla un proyecto de ley busca dar una solución a la crisis que se vive en las cárceles del país.

La iniciativa fue presentada por los Ministerios de Justicia e Interior y la Comisión Accidental de Asuntos Carcelarios del Senado de la República, a la vez por la Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, la cual venía construyendo esta iniciativa desde hace varios meses.

El proyecto plantea un escenario que se debe cumplir en 6 años, y comienza con definir que la competencia de la población condenada continúa en cabeza del Gobierno Nacional, mientras que la responsabilidad de la población con medida de aseguramiento se distribuye de acuerdo con las penas a imponer (de mayor a menor duración).

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“El Gobierno Nacional deberá encargarse de los sindicados con penas máximas; las gobernaciones, de los sindicados con penas intermedias y las ciudades o municipios que tengan un mayor índice de delito
en el país, de los sindicados con penas mínimas, procurando una distribución equitativa de las cargas entre las partes”, señala Asocapitales en los objetivos del proyecto.

Al respecto del proyecto, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, quien es además presidente de Asocapitales, sostuvo que “hoy contamos con cifras 40 mil sindicados que superan las cifras administradas por el Inpec y en estaciones de Policía, y hay que agregarle los 29 mil sindicados que quedaron libres, necesitamos avanzar en esta ley para que podamos tanto los alcaldes como los gobernadores atendamos de manera efectiva este proceso que tiene que ver con los sindicados”.

Resaltó además que este proyecto va de la mano del que presentó el senador Gustavo Moreno, en el sentido de que haya cárceles productivas, quien destacó que con el mismo se pueda estar contribuyendo a una verdadera resocialización de los condenados.

En la ley presentada por Asocapitales se resalta además la creación de cárceles regionales con el objeto de que las gobernaciones puedan generar sistemas de integración con aquellos municipios, que no aportan un número significativo de personas privadas de la libertad o carezcan de recursos para un establecimiento de reclusión propio.

Se indica también en el articulado que frente al hacinamiento en las URIs, se cumplirá el fallo de la Corte Constitucional para departamentos y municipios, en el sentido que se prohibe que personas detenidas o condenadas sean recluidas en estos lugares o en Estaciones de Policía.

Frente a la financiación se habla de que el proyecto costará cuatro billones de pesos en seis años y que provendrán de fondos como Fonsecon, Fonset y multas impuestas en procesos penales.

Finalmente se estipula que se establece que la responsabilidad que tiene una entidad territorial frente a una persona privada de la libertad dura hasta dos años. Si el detenido no ha sido condenado, pasaría a competencia del Gobierno Nacional.