Se ha desatado un intenso rifirrafe entre la procuradora General de Colombia, Margarita Cabello, y el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, tras la decisión del ente de control de destituirlo e inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos públicos. La sanción fue impuesta después de que se identificaran varias irregularidades en el proceso de contratación para la elaboración de pasaportes en Colombia.
La procuradora Cabello respondió a las duras críticas de Leyva, quien había señalado que detrás de su destitución existían intereses políticos que buscaban excluirlo de la vida pública. Las declaraciones del excanciller no fueron bien recibidas en la Procuraduría.
El pronunciamiento de Cabello se produjo durante el II Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá, donde la Procuradora aprovechó la ocasión para dar su versión sobre el caso.
“Las decisiones judiciales y las decisiones administrativas deben ser obligatoriamente respetadas por las autoridades, y más las altas autoridades, aunque no se compartan. Eso da tranquilidad en toda una sociedad y en el país. Hay que respetarlas, hay que acatarlas. Lo mismo que la Procuraduría deberían hacerlo todas las autoridades en este país”, mencionó la procuradora.
También dijo: “El ministro Leyva no es un electo popularmente, por lo tanto, todos los temas que tienen que ver con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son aplicables al caso”.
La polémica sobre la capacidad de la Procuraduría para sancionar a funcionarios elegidos por voto popular sigue siendo un tema controversial en el país. Recientemente, el Consejo de Estado reafirmó que la entidad tiene la facultad para imponer sanciones, tal como lo establece la Constitución de 1991.
La controversia se avivó después de que el procurador Ernesto Espinosa, miembro de la Sala Disciplinaria, confirmara la suspensión de 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. Ante esta decisión, Leyva arremetió contra la procuradora Margarita Cabello, cuestionando su gestión al frente de la Procuraduría e incluso sugiriendo que la sanción podría estar motivada por intereses políticos.
“Hoy la Procuraduría ha pretendido imponer los pliegos sastres en Colombia”, indicó. “Todas las pruebas fueron desconocidas groseramente en el fallo que hoy se notifica y que será apelado y ser necesario demandado o denunciado ante los jueces autónomos e independientes”.