Nos estamos anticipando, a menos de cinco meses antes del debate electoral, a mostrarle a la comunidad nacional e internacional qué vienen haciendo los grupos armados ilegales con situaciones como la carnetización y los empadronamientos en las comunidades o las restricciones a la movilidad”, dice el defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo.
El suyo es un llamado que se suma a la alerta que se ha lanzado con respecto a que 92 municipios del país enfrentan alto riesgo electoral de cara a los comicios de octubre próximo.
Para el funcionario, es evidente la inacción por parte de la Fuerza Pública en parte del territorio nacional y le preocupa que el cese al fuego bilateral acordado con el ELN lleve, al igual que lo sucedido con otros grupos armados ilegales, a su fortalecimiento y expansión.
La semana pasada usted se reunió con los gobernadores, quienes expresaron su preocupación por la inseguridad en el país. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto?
En las distintas visitas humanitarias que hacemos en el territorio, lo que la gente dice es: ‘aquí tenemos zozobra, tenemos miedo hasta de ir a la esquina, a la tienda’. En lo que va corrido del año se han emitido 21 alertas tempranas y van 281 alertas tempranas desde 2017. Desafortunadamente, el 85 % de los escenarios de riesgo que advertimos, terminan consumándose. Es importante hacer un llamado a todas las instituciones del Estado, de todos los niveles, porque lo que hemos evidenciado es una deficiente respuesta institucional.
Yo lancé una propuesta: así como existe el Fonsecon, que es el fondo para restablecer cualquier situación de orden público que se presente en el territorio, que para la atención de las recomendaciones de las alertas tempranas se cree un fondo para que haya recursos que se le entreguen a los municipios para atenderlas. Un alcalde de un municipio de sexta categoría, que apenas cuenta con recursos para atender cuestiones primarias, no tiene para atender estas situaciones de inseguridad.
El Ministro de Defensa ha repetido que la Fuerza Pública no está cruzada de brazos. ¿Qué perciben ustedes desde la Defensoría?
No nos llamemos a engaños: existe una evidente inacción por parte de la Fuerza Pública. Seguramente en lo acordado en el cese el fuego bilateral se han detenido los operativos, porque seguro los grupos armados ilegales le dijeron al Gobierno Nacional que no iban a atentar contra la población, pero es claro que existe una inacción por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, que se refleja en el deterioro de la seguridad en cada uno de los territorios.
Hemos identificado, desde el Sistema de Alertas Tempranas, un surgimiento y una expansión de los grupos armados ilegales, la cual está probada cuando, en menos de doce meses, ha habido aumento en presencia, accionar e injerencia en el control territorial y social de los grupos armados ilegales. El Clan del Golfo hace presencia en 24 departamentos y 392 municipios; el ELN, en 19 departamentos y 224 municipios; las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en más de 18 departamentos y 180 municipios, y la Segunda Marquetalia, en 114 departamentos y 69 municipios. No puede uno tratar de ocultar el sol con una sola mano.
O sea que usted cree que el cese acordado con el ELN puede llevar a que ese grupo se fortalezca...
Esa ha sido la práctica que ha venido predominando. El llamado que le hacemos al Gobierno Nacional, de cara al nuevo cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, es que ya los colombianos estamos hastiados de todas esas narrativas y todas esas retóricas de querer adelantar diálogo para consolidar un proceso de paz.
Necesitamos son actos, hechos y gestos concretos que se materialicen en el cese inmediato de cualquier hostilidad, y ahí estoy hablando de que se frenen los secuestros, no haya reclutamiento forzado, amenazas, extorsiones, desplazamientos y confinamientos de comunidades en el territorio nacional. Con protocolos o sin protocolos, nosotros, como institución de Derechos Humanos, vamos a seguir monitoreando las dinámicas del conflicto armado.
La Registraduría denunció que hay municipios que pueden terminar con un alcalde elegido por presiones de grupos ilegales. ¿Qué dice?
Nos estamos anticipando, a menos de cinco meses antes del debate electoral, a mostrarle a la comunidad nacional e internacional qué vienen haciendo los grupos armados ilegales con situaciones como la carnetización y los empadronamientos en las comunidades, o las restricciones a la movilidad. Por ejemplo, en La Montañita, corregimiento de Peneya, los habitantes han denunciado que tienen hasta siete carnés: si quieren ir a otro corregimiento, tienen un carné; si quiere salir del municipio, otro; si quiere ir a otra comunidad, como si fueran visados para otros países. El tema no es menor. Le hemos insistido al Gobierno Nacional que tome cartas del asunto.
¿Y en cuanto a la protección de los líderes sociales?
En días pasados presentamos la alerta temprana, porque las cifras hablan por sí solas: entre septiembre del 2019 y diciembre del 2022 han asesinado a 590 líderes sociales. El año pasado hubo récord, con 215 personas que ejercían liderazgos sociales y defendían los Derechos Humanos en el territorio nacional. Estamos hablando casi de un promedio de víctimas diario de 15 personas. Esa es la base de lo que va a ser la alerta temprana de riesgos electorales, porque al menos el 70 % de las personas que ejercen liderazgos sociales se van a presentar a las elecciones de octubre. El llamado al Gobierno Nacional es que muestre cuál es el plan en materia de medidas individuales y colectivas de protección.
Cambiando de tema, usted ha rechazado los ataques contra periodistas y los medios de comunicación en las recientes manifestaciones, ¿pero qué responsabilidad le cabe al Presidente por la forma como se refiere a los medios?
Un rechazo absoluto a las últimas manifestaciones que se han hecho, porque, desde la Defensoría del Pueblo, los entendemos como actos atentatorios contra la libertad de prensa y la libertad de expresión de las personas que le entregan a la ciudadanía toda la información sobre los distintos sucesos, con objetividad e independencia. Si atentan contra el periodismo, atentan contra cualquier manifestación de libertad tanto de prensa como de expresión y entendemos que eso es un atentado directo a nuestro sistema democrático.