Este viernes, 17 de noviembre, el senador Iván Cepeda, confirmó a los medios de comunicación que retirará y volverá a redactar su propuesta de ‘Obstrucción a la paz’, proyecto de ley 192 de 2023, que buscaba condenar a todos aquellos que intentarán acabar con los procesos de reconciliación en Colombia.
De acuerdo con Cepeda, quien es miembro negociador en los diálogos de paz: “en Colombia hacer la paz a veces se enfrenta a obstáculos muy complejos y graves, entonces quienes firman un acuerdo de paz y dejan las armas son asesinados. Desde que se firmó el acuerdo de paz en 2016 han sido asesinadas 400 personas”.
Así entonces, el congresista manifestó que“quien ataca un firmante de paz no solo está cegando una vida, también está causando un daño inmenso al proceso de paz. Están causando temor y desconfianza”. El proyecto de ley firmado por Cepeda pretende que quien “obstruya, impida o restrinja las políticas de paz o el cumplimiento de los acuerdos podría incurrir en prisión de diez a quince años”.
Cabe subrayar que la primera versión de este proyecto especificaba que “a todo servidor público le está prohibido obstruir, impedir o restringir la exploración, inicio, desarrollo o finalización de proceso de paz”.
De esta manera, es como Cepeda, acotó que retirará el proyecto, pero lo volverá a redactar para tener mayor precisión con la idea.
“Que se constituye como obstrucción a la paz cuando se atenta contra firmantes, contra personas desmovilizadas, contra líderes y lideresas sociales que participan en un proceso de paz o contra cualquier persona que trabaje en un proceso de paz y sea objeto de asesinato, amenazas o lesiones personales”.
Igualmente, añadió, que se tipificara como crimen contra la paz, los robos de los recursos destinados a este propósito o la obstrucción del proceso de implementación de los acuerdos. “Tener una opinión contra un proceso de paz es totalmente legítimo”, concluyó Cepeda.
¿En qué consistía el proyecto?
“He radicado un proyecto de ley para combatir los delitos que atenten contra la paz, especialmente cuando son cometidos por altos servidores públicos. El objetivo es sancionar acciones que obstaculicen el proceso de consolidación de la paz en Colombia”, preciso Iván Cepeda en su momento.
¿Qué significa ello? Que bajo este delito entrarían conductas como asesinatos de personas desmovilizadas o actor de corrupción que afecten la implementación de un acuerdo de paz. Este tipo de hecho tendrían una agravante cuando involucren a servidores del Estado.
En concreto, la idea del congresista es que se castigue con cárcel de entre 10 y 15 años, a quienes incurran en el nuevo delito de ‘Obstrucción a la paz’. A través de un comunicado, Cepeda afirmó que su propuesta está fundamentada en lo que ha ocurrido tras la firma del proceso de paz con las extintas Farc.
“Da cuenta de los desafíos que ha tenido que enfrentar el Acuerdo Final de Paz, desde las interceptaciones ilegales al equipo negociador del Gobierno, pasando por los ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz, el asesinato de personas defensoras de los derechos humanos, liderazgos sociales y firmantes de paz, masacres y desplazamientos forzados en el país, las afectaciones a niñas, niños y jóvenes que ha sido víctimas en el conflicto, hasta los rezagos en su implementación”, aseguró el Senador.
En realidad, no se trata de un proyecto nuevo. El mismo, Cepeda había presentado el año pasado un proyecto similar, el 314 de 2022, que terminó archivado porque el Senado no lo discutió. No obstante, el congresista asegura que modificó la iniciativa y le incorporó nuevas disposiciones, especialmente para servidores públicos.