El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, anunció a través de sus redes sociales que denunció al presidente Iván Duque, por el presunto delito de intervención política en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.
Según el Congresista, en medio de la contienda electoral para llegar a la Casa de Nariño, Duque habría incumplido "su deber constitucional y legal de actuar con neutralidad durante la elección presidencial".
Además, el Senador denunció a los alcaldes de seis municipios en Bolívar (San Juan Nepomuceno, María La Baja, Cicuco, Santa Rosa de Lima, Arenal y Villanueva) y el municipio de Timaná, en Huila.
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Las razones de las denuncias
En el caso del presidente Duque, el senador instauró la denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. De acuerdo con un comunicado del congresista, el mandatario "ha hecho pronunciamientos públicos de manera reiterada que evidencian, con nitidez su intención de perjudicar electoralmente al candidato presidencial Gustavo Petro".
Por otra parte, Cepeda informó que también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General, contra una alcaldesa y seis alcaldes de los municipios mencionados.
Las acciones jurídicas recogen diferentes sucesos que ocurrieron durante el Congreso Nacional de Municipios, realizado en Cartagena entre el 6 y el 8 de abril, en el cual los mandatarios locales intervinieron abiertamente a favor del candidato presidencial Federico Gutiérrez.
Esta denuncia penal indica que “los alcaldes y la alcaldesa (…) dirigieron su conducta, como máxima autoridad política, administrativa y civil de sus municipios, a utilizar su investidura, encontrándose en ejercicio de sus funciones, a favorecer, con su beneplácito la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez”.
Del mismo modo, el Congresista explicó que la conducta de los siete alcaldes, presuntamente, encaja en el tipo penal de intervención en política, que aparece en el artículo 422 del Código Penal. Esa Ley dice que los servidores públicos que ejercen autoridad civil, política o administrativa, no pueden utilizar su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.